Este trámite aprobado por dicho órgano parlamentario viene a culminar un trabajo de varios años por parte de nuestra organización Alianza por la Libertad de Venezuela (ALV), durante los cuales habíamos intentado hasta en tres ocasiones la aprobación de una resolución de este tipo por parte del Parlamento de Cataluña. Estas continuas solicitudes se han venido asentando sobre los numerosos casos de violación contra los DD HH acumulados durante la administración primero del presidente Hugo Chávez ahora de Nicolás Maduro.
La resolución contra las violaciones de DD HH en Venezuela se apoya en informes emitidos por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos a nivel mundial, así como también de Venezuela y Cataluña. En este sentido destacan a nivel de Cataluña el informe emitido por el Instituto Catalán Internacional por la Paz (órgano consultivo del Parlamento de Cataluña) y el comunicado del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo del mes de marzo de 2014, alertando acerca de las vulneraciones antes mencionadas.
El pasado mes de julio de 2014 integrantes de Alianza por la Libertad de Venezuela (ALV) así como de SOS Venezuela en Barcelona, comparecieron ante esta comisión para exponer el contenido de dichos informes así como para explicar a los diputados la gravísima situación existente en Venezuela en materia de libertades y derecho ciudadanos.
La propuesta de resolución fue presentada el 16/10/14 por los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s) y ha sido aprobada con fecha 06/02/15 por unanimidad de los grupos presentes en la comisión, con la única excepción de Candidatura de Unidad Popular (CUP) cuyos representantes no asistieron a la votación. La resolución ha contado con el apoyo – además de los proponentes PP y C’s – de Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya – Els Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) con excepción del punto Nº 4 que solo fueron votados positivamente por PP, C’s i CiU.
A continuación reproducimos el texto final de la resolución:
Desde los primeros días del mes de enero de este año (2014) se producen en diversas zonas de Venezuela, manifestaciones públicas organizadas por el movimiento estudiantil universitario de ese país.
La motivación de estas movilizaciones viene originada por un conjunto de situaciones irregulares, de las que los manifestantes hacen responsable al gobierno nacional, como son el alto grado de inseguridad personal existente, la elevada escasez de productos básicos de consumo familiar, eldesmesurado nivel de inflación que erosiona gravemente el poder adquisitivo de la población, los continuos cortes de energía eléctrica así como el racionamiento de combustibles domésticos y de automoción, losnumerosísimos casos de corrupción por parte de funcionariosgubernamentales y miembros del partido de gobierno así como la existencia de violaciones y atropellos contra los derechos fundamentales ylas libertades ciudadanas, llevadas a cabo tanto por integrantes de loscuerpos de seguridad estatales como por grupos armados afectos al oficialismo.
Tras varios meses de manifestaciones y protestas en la calle por parte del movimiento estudiantil venezolano, se han acumulado miles de denunciassobre asesinatos, lesiones, torturas y tratos degradantes, detencionesilegales y procesos judiciales irregulares contra ciudadanos que participaban en estas actividades.
La veracidad de estas denuncias ha sido certificada por diversos informes y comunicados emitidos por las más reconocidas instancias nacionales e internacionales del ámbito de los Derechos Humanos como son el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Alto Comisionado los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras así como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (proveer), Civilis, Foro Penal Venezolano y Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. A nivel de Cataluña estas denuncias han dado lugar a pronunciamientos por parte del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP), el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo (FCCD) y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, a Además de los ayuntamientos de Barcelona, Terrassa, Sabadell o Mataró, entre otras ciudades catalanas.
En relación a estos hechos y circunstancias, representantes de la Alianza por la Libertad de Venezuela y SOS Venezuela en Barcelona, comparecieron el día 04/07/14 ante la Comisión de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación del Parlamento de Cataluña, por informar a los integrantes de la misma sobre la situación en materia de derechos humanos existente en Venezuela.
Tal y como se evidenció en esta comparecencia, diversos organismosacreditados en sus respectivas áreas han mostrado su preocupación porcuando los hechos denunciados son contrarios a la Declaración Universalde Derechos Humanos de 1948, en la Constitución venezolana, en la Carta Democrática Interamericana, en el pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cataluña no sólo mantiene un importante vínculo histórico con la sociedadvenezolana y muchos venezolanos tienen en esta región geográfica a susascendientes, sino que, a través de su Parlamento, se ha distinguido ennumerosas ocasiones por su preocupación, solidaridad y defensa de losderechos humanos en diferentes y alejados escenarios del mundo donde el atropello de estos derechos ha requerido una firme condena.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario del Partido Popular y el GrupoParlamentario de Ciudadanos, presentan la siguiente,
Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña
1. Condena las acciones contrarias a los derechos humanos y las acciones violentas ocurridas en Venezuela durante los meses de febrero y marzo de 2014.
2. Reitera su defensa de la democracia, la garantía de la libertad de expresión y pensamiento y manifiesta su solidaridad con todas las personas e instituciones que han sido víctimas de acciones violentas.
3. Expresa su solidaridad hacia las familias de los manifestantes y funcionarios muertos y solicita la aclaración y la sanción los autores de los homicidios.
4. Insta al Gobierno de la Generalidad de Cataluña a emprender las acciones necesarias para pedir al Gobierno español para que, por las vías diplomáticas que correspondan, traslade al Gobierno de Venezuela la solicitud que se garantice en este país la plena vigencia de los derechos constitucionales de sus ciudadanos.
http://www.lasaeta.net/index.php/internacionales/29256-gear
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