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PP, PSOE, CIU y UPyD votan en contra de realizar un referendum sobre el Tratado Libre Comercio EEUU-UE

El pleno del Congreso de los Diputados discutió ayer una moción sobre el proyecto de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones que la Comisión Europea y Estados Unidos negocian en la actualidad de espaldas a la ciudadanía. La moción sirvió para comprobar la postura de los diferentes grupos parlamentarios sobre un tratado comercial que pretende eliminar o ajustar a la baja entre el 25 y 50 % de leyes, directivas y normas europeas. La Campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e inversiones” recuerda además que provocaría una mayor precarización y eliminación de empleo y graves impactos sociales y ambientales

En la moción presentada por el grupo parlamentario Izquierda Plural se insta a rechazar el tratado, conocido como TTIP por sus siglas en inglés. El apoyo declarado del Partido Popular al tratado hace imposible que se apruebe la moción. Pero no resulta tan predecible la posición que mantendrá esta tarde el grupo socialista. Hace un año el PSOE votó junto a los populares a favor del tratado en el marco de una proposición no de ley. Sin embargo, el candidato al Parlamento Europeo Juan Fernando López Aguilar apuntó recientemente a la suspensión de las negociaciones en un debate sobre política ambiental.

En relación con ello, IU/Izquierda Plural defendió ayer en sede parlamentaria una moción “sobre la posición del Gobierno español ante el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión”. Dicha moción, consecuencia de una interpelación parlamentaria, instaba a que se aprobase someter a referéndum el acuerdo cuando estuviese finalizado. Además, proponía la creación de un grupo de trabajo en el seno de la comisión de asuntos exteriores para que presentase un informe en el plazo de seis meses sobre las repercusiones legales, económicas y sociales del TTIP. Finalmente, rechazaba frontalmente el sistema de privatización de resolución de conflictos que pretende negociarse entre los inversores y los estados.

Esta resolución fue rechazada por el conjunto de los grupos, con lo que se corre el riesgo de que dicho acuerdo termine aplicándose sin intervención directa de la ciudadanía europea.

Los socialistas, dijo, apoyan la suspensión de las negociaciones "hasta que no se introduzcan las garantías relativas a la protección de datos" y también relativas a la "coherencia con los estándares sociales y la preservación del modelo social de la UE". Estas garantías no están en absoluto aseguradas en los documentos filtrados recientemente sobre las cinco rondas de conversaciones entre la Comisión Europea y Washington. Sin embargo, votaron en contra de la moción.

La moción insta a someter el tratado a referéndum en todos los Estados miembro de la UE, en caso de que prosigan las negociaciones. Resulta fundamental que la ciudadanía se informe y opine directamente sobre un acuerdo que afectará a su vida diaria, con más que probables privatizaciones y recortes en derechos laborales y normativas de protección ambiental. La Comisión lanzó recientemente una consulta online sobe el tratado, pero sus preguntas ambiguas y cargadas de tecnicismos no permiten entender el verdadero impacto.

El tercer punto de la moción propone constituir un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e inversiones para que en el plazo máximo de seis meses presente un informe que valore este acuerdo y su repercusión en el Estado español. Si se tiene en cuenta que el TTIP eliminaría o ajustaría a la baja entre el 25 y 50 % de leyes, directivas y normas en la Unión Europea, es evidente que las políticas públicas españolas se verán directamente afectadas.

La experiencia de anteriores tratados comerciales apunta a la especial amenaza que supone el sistema de resolución de conflictos entre inversores y Estados, un mecanismo que permitirá a las grandes empresas reclamar indemnizaciones ante tribunales de arbitraje si consideran que sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se ven afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido. Es decir, que si no ganan lo que quieren, pueden demandar al Estado en el que invirtieron en tribunales privados, como ya está ocurriendo en muchas partes del mundo.

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