Ley mordaza, llamamiento a la desobediencia (versión audiovisual)

Video producido por el Colectivo Audiovisual Republicano.
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Cristina Cifuentes reconocía recientemente en televisión, que en sus 2 años como delegada del gobierno en Madrid, los antidisturbios intervinieron sólo en 8 manifestaciones de 8000. Basándose en esos datos, la periodista Nativel Preciado cuestionó a Cifuentes la necesidad de la Ley de Seguridad Ciudadana y esta respondió que los jueces no condenan a los detenidos.

Las sentencias judiciales sirven entre otras cosas, para que quienes dirigen el Estado comprendan los límites que no deben cruzar. Si basándose en las leyes y la constitución, los jueces no han condenado a ninguna de las cientos de personas detenidas en movilizaciones sociales desde el 2011 y varias veces han desautorizado las multas a manifestantes, el mensaje de la judicatura es claro: el gobierno ha estado utilizando la intimidación policial para que no nos manifestemos.

La nueva legislación puentea las salas de justicia, transformando a las fuerzas de seguridad en juez, jurado y verdugo. Por ello, varias organizaciones de jueces, policía e incluso militares, acusan al gobierno de querer convertir el conflicto social en un problema de orden público. Por su parte, la nueva ley de Seguridad Privada -apoyada por CiU y PNV- abre la puerta a la creación de cuerpos parapoliciales con poder de autoridad.

Los pretextos del Partido Popular no se sostienen, cuando el índice de criminalidad en España es de los más bajos de la Unión Europea y en 2012 se redujo el número de delitos y faltas. La única motivación es su miedo a la respuesta popular, pues para 2014 se esperan graves tensiones sociales, provocadas por la incapacidad del gobierno Rajoy de ocultar que su único objetivo es proteger de la crisis a las grandes fortunas.

Pero la ley mordaza no sólo supone la criminalización de toda disidencia y la ruina económica de quienes sufran multas por ejercer su legítimo derecho a protestar, también suaviza sustancialmente las penas por delitos fiscales y de corrupción institucional. Pretenden, sencillamente, legalizar su derecho a corromperse y a coaccionar a cualquiera que se atreva a denunciarlo.

Es por ello que hoy es necesario reivindicar y ejercer nuestro derecho a la rebelión y a la desobediencia ante leyes injustas que violan los derechos del pueblo. Pero para ser efectiva, la desobediencia civil no puede ser un acto individual y aislado de protesta, requiere de la participación masiva de la población; de organización, valor y conciencia; exige recuperar la esencia de la verdadera política y las ideas y la creación de redes de resistencia y de solidaridad popular.

El gobierno Rajoy nos obliga a elegir: someternos o desobedecer. La historia de este barrio barcelonés del Carmelo, construido por la necesidad de la clase trabajadora en rebeldía contra la tiranía franquista, revela que la voluntad del pueblo desborda invariablemente cualquier ley opuesta a sus intereses. En nuestras manos está detenerlos, porque sí se puede.

Colectivo Audiovisual Republicano para larepublica.es.
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