Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2011 existían en Castilla-La Mancha 202.657 viviendas vacías, es decir desocupadas, disponibles para su alquiler o venta, e incluso abandonadas. Destaca la provincia de Toledo que es la cuarta en número de viviendas vacías en todo el estado. Este dato debe ponerse en relación con el crecimiento en el número de viviendas construidas en nuestra región en los últimos diez años, que hizo aumentar el parque en un 26,3 %, aunque las provincias de Guadalajara con un 37,4 % y de Toledo con un 36 % destacaron por ser la segunda y tercera respectivamente donde más se construyó en términos porcentuales en todo el país.
Del total de viviendas vacías existentes en Castilla-La Mancha un 29,8 % fueron construidas en los últimos diez años y no encuentran comprador, como es el caso de las 2.394 viviendas con protección pública de promoción privada que, según la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, están sin vender en la región. Además existe un importante stock de viviendas con protección pública promovidas directamente por la Junta, unas 800, que no se han vendido ni alquilado.
Paradójicamente el Registro de Demandantes de Vivienda con protección pública de la Junta de Comunidades tiene 27.477 inscritos, según los datos ofrecidos por la Defensora del Pueblo y que se recogen en su informe sobre vivienda protegida vacía, hecho público recientemente.
La existencia de un importante stock junto con un número apreciable de demandantes de vivienda con protección pública se explica por la supresión de las ayudas públicas a la adquisición y el endurecimiento del acceso a la financiación. Además los precios de la vivienda libre han bajado hasta competir con los de las protegidas.
En el caso de las viviendas en manos de la Junta no sólo no ha conseguido vender todas las que ha promovido directamente, sino que ha decidido comprar a sus promotores las denominadas viviendas de iniciativa público-privada (VIPP). Estas viviendas, impulsadas por el anterior gobierno, tenían una garantía de compra de forma que si los promotores no las vendían la Junta se comprometía a hacerlo al precio inicial, aunque ahora no lo valgan. En 2012 y 2013 en los Presupuestos de la empresa pública GICAMAN se han previsto 35 millones de euros destinados a adquirir parte de las 565 VIPP construidas y no vendidas.
La Junta intenta dar salida a su propio stock bajando los precios de venta y alquiler, y poniendo en alquiler viviendas destinadas inicialmente para su venta. Así en 2013 la Consejería de Fomento dice haber arrendado 316 viviendas de su propiedad con precios bajos, aunque si tenemos en cuenta que los inquilinos abonan altas en suministros, fianza, comunidad e incluso deben dotar las viviendas de electrodomésticos, de los que carecen porque su destino inicial era la venta y no el alquiler, no se puede hablar con propiedad de alquiler “social”. Además los inquilinos de la Junta no pueden optar a las ayudas de alquiler que convoca el propio gobierno regional.
elDiario.es
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