INFORME ESPECIAL: La Organización Pase Libre, originalmente la primera promotora de las manifestaciones salió disconforme de la reunión con la Presidente Dilma Rousseff. No hay “propuestas concretas” la protesta seguirá adelante, dijeron.
En respuesta a la ola de protestas en Brasil, la presidente Dilma Roussef propuso celebrar un plebiscito para emprender una amplia reforma política.
Sin embargo, algunos analistas creen que los ciudadanos necesitan cambios más profundos.
Pese a la invitación al diálogo por parte de las autoridades, los convocantes de las multitudinarias protestas insisten en que seguirán en las calles hasta que se tomen medidas concretas. Estas jornadas de manifestaciones, que comenzaron como reacción al aumento de los precios del transporte público, se han saldado hasta el momento con la muerte de cuatro personas.
El profesor e investigador de la universidad del País Vasco y doctor en estudios latinoamericanos Luis Miguel Uharte opina que el referéndum propuesto por Roussef es una buena medida, pero no es suficiente para la situación actual.
"En realidad, lo que está ahora en disputa en la calle en Brasil es “la orientación” que va a tomar el Gobierno a partir de ahora", señaló Uharte. Y según la Organización Pase Libre no existe “nada concreto” y tampoco “hay cambio de rumbo” político.
El analista aseguró que el Gobierno actual "indudablemente ha conseguido resultados positivos para las grandes mayorías en Brasil, pero de alguna manera, según plantean algunos analistas brasileños, el modelo se está agotando".
El profesor señaló que diversos sectores de la sociedad brasileña salieron a las calles, "sectores muy antagónicos, que están reclamando cambios en diferentes direcciones": tanto los representantes de la derecha, como "una amplia mayoría que apuesta por una profundización de reformas (es decir, ya no son reformas, estamos hablando de algo más profundo que una reforma) más vinculadas a los sectores de la izquierda de los movimientos sociales”.
Factores claves para la movilización
Los manifestantes "están reclamando un diálogo directo con el Gobierno y, fundamentalmente, reformas profundas (nuevamente aquí, se pide otra cosa distinta a una reforma) en cuestiones de política social, educación y salud, y sobre todo las cuestiones impositivas", para que grandes empresas paguen más en Brasil "para luego poder invertir en políticas sociales", dice el experto. Cuando se habla de REFORMAS PROFUNDAS se está hablando de TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA. El gobierno no transa. Ni siquiera accedió a garantizar las propuestas que le solicitaron en materia de Transporte.
En cuanto a las principales causas de estas protestas, Uharte subrayó que "en estos últimos años, a pesar de que las políticas sociales en Brasil han sido profundas (?) y se ha conseguido sacar un porcentaje importante de la población de la pobreza (?), paralelamente, según indican los diferentes estudios, ha habido un aumento importante de los beneficios de las grandes empresas". "Esto ha traído como consecuencia un aumento desproporcionado de los precios no solo en el transporte sino también en el sector inmobiliario", cree el analista.
Una gran parte de la sociedad ahora necesita que haya reformas más profundas y exige aumentar los impuestos a las grandes empresas que se han lucrado en estos últimos años. Uharte considera que entre otras demandas de los manifestantes también figura la demanda de una democratización de los medios de comunicación y, en general, del espacio comunicacional en el país latinoamericano.
La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, dio inicio al “gran pacto” nacional con el que busca atender las demandas que llevaron a las calles a millares de brasileños, al proponer un plebiscito popular que habilite una reforma política y realizar ambiciosos anuncios ante gobernadores y alcaldes de todo el país.
Los “cinco pactos” contienen medidas que contemplan las principales reivindicaciones de las protestas –mejoras en salud, educación, fin de la corrupción, política económica efectiva para enfrentar la crisis mundial, entre otras– y fueron propuestas al comienzo de una reunión entre la presidenta y los veintisiete gobernadores y alcaldes de las respectivas capitales provinciales, celebrada en Brasilia. REFORMAS ni más ni menos.
“Quiero en este momento proponer el debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país tanto necesita”, afirmó Rousseff.
La mandataria consideró que Brasil “está maduro para avanzar y ya dejó claro que no quiere quedarse parado donde está”, al tiempo que destacó que este primer pacto “gira en torno a la construcción de una amplia y profunda reforma política destinada a ampliar la participación popular y los horizontes de la ciudadanía”.
Recordó que la reforma política es un tema “que ya entró y salió de la agenda del país varias veces en las últimas dos décadas”, y que por tanto es necesario que las autoridades “tengamos la iniciativa de romper la impasse”.
Al presentar sus propuestas, Rousseff aseveró: “La energía que viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo. No tenemos por qué permanecer inertes, incómodos o divididos. Por eso yo traigo propuestas concretas y disposición política para que discutamos al menos cinco pactos”.
Además de la convocatoria para posibilitar una reforma política, los otros pactos propuestos están relacionados con la responsabilidad fiscal y mejoras en las áreas de salud, transporte y educación.
Uno de ellos está destinado a “garantizar la estabilidad de la economía y el control de la inflación”, a través de la responsabilidad fiscal, la estabilidad económica y el control de la inflación por parte del gobierno central y de las gobernaciones provinciales y municipales.
Este pacto “es una dimensión especialmente importante en el momento actual, cuando la prolongada crisis económica mundial todavía castiga a las naciones”, explicó la presidenta, que enfrenta la peor crisis social desde que asumió en 2011.
Otro pacto tiene relación con la salud, uno de los puntos claves que, junto con la educación y la corrupción, se destacan entre las muchas demandas de las protestas callejeras.
La mandataria defendió la “aceleración de inversiones en hospitales, unidades de atención médica inmediata y unidades básicas de salud” de todo el país.
Con respecto al transporte público, cuyo aumento de la tarifa dio inicio en San Pablo a la serie de manifestaciones que se propagaron a todo el país, anunció que el gobierno destinará u$s23.300 millones para nuevas inversiones en obras de movilidad urbana”.
En ese sentido, también consideró que el país necesita dar “un salto de calidad en los transportes públicos en las grandes ciudades”.
Por último, la mandataria se refirió a la educación pública, admitiendo la necesidad de otorgar mayores recursos a ese área y proponiendo, una vez más, que los mismos provengan de las regalías del petróleo.
La idea de que el ciento por ciento de esas regalías sean destinadas a la educación tramita actualmente en el Congreso, que debe aprobarla en el marco de un amplio proyecto de ley que altera la distribución de los royalties haciéndola más equitativa entre todos los estados.
En paralelo a la reunión entre Dilma y los gobernadores, las revueltas populares que comenzaron hace casi dos semanas en Brasil y que durante el fin de semana fueron menos multitudinarias pero más radicales, continuaban realizándose ayer en varias ciudades del país, acompañadas, en algunos casos, por violentos disturbios.
El gobierno busca lanzar un paquete de decretos para castigar la corrupción
Para terminar con la corrupción, el Palacio do Planalto planea sacar adelante un paquete de decretos en materia de transparencia y movilizar al Congreso para que apruebe el proyecto de ley 6.826, que prevé multas a las empresas corruptas. El proyecto contempla como castigo que se pague hasta un 20% de las ventas brutas de las empresas privadas que sobornen a funcionarios públicos y otros organismos ya sean públicos o privados. Además, estipula la creación del Registro Nacional de Empresas que hayan sido descubiertas en algún caso de corrupción.
Pase Libre se fue disconforme de la reunión con Dilma
Los líderes del Movimiento Pase Libre, que inició la mayor ola de protestas de las últimas dos décadas en Brasil, salieron insatisfechos de la reunión que mantuvieron con la presidente Dilma Rousseff debido a la falta de “propuestas concretas”.
“El diálogo es un paso importante, pero sin acciones concretas que aseguren esas mejoras [en el transporte] para la población, no existe avance”, afirmó una de las líderes del movimiento, Mayara Vivian.
En declaraciones al diario Folha de São Paulo, los líderes del movimiento contaron que la presidencia de la República pagó los pasajes de los cuatro activistas que fueron de San Pablo a Brasilia para entrevistarse con Rousseff.
Contaron que le manifestaron a la presidente la necesidad de que el gobierno presione para que el Congreso apruebe el proyecto de reforma constitucional que convierte el transporte público en un derecho social, pero la mandataria sólo se comprometió a inspeccionar los gastos de los recursos públicos destinados al transporte.
“Si hay dinero para construir estadios (para el Mundial), hay sí para la tarifa cero”, aseguró la activista.
El grupo dejó el Palacio del Planalto, sede de la presidencia de la República, anunciando que las manifestaciones callejeras continuarán. No existe cambio de rumbo político, son reformas, nada concreto y cuando solicitamos concreciones se hacen los distraídos.
“Las manifestaciones seguirán hasta que consigamos nuestro objetivo, que es la tarifa cero”, advirtieron los activistas, quienes antes de reunirse con la mandataria publicaron una carta abierta en la que, irónicamente, manifestaban su “sorpresa” ante el “gesto de diálogo”.
La Iglesia se sumó a los reclamos
La Iglesia brasileña convocó a un acto que se realizó ayer en Brasilia para impulsar la recolección de firmas en respaldo de una reforma política, que garantice una mejor calidad de la representación, en el marco de las multitudinarias protestas que sacuden al país. La Conferencia Nacional de Obispos presentará un proyecto de ley de iniciativa popular para la sanción de una reforma política que limite el financiamiento privado de las campañas y establezca sanciones severas a la corrupción electoral.
insurgente.org
Sin embargo, algunos analistas creen que los ciudadanos necesitan cambios más profundos.
Pese a la invitación al diálogo por parte de las autoridades, los convocantes de las multitudinarias protestas insisten en que seguirán en las calles hasta que se tomen medidas concretas. Estas jornadas de manifestaciones, que comenzaron como reacción al aumento de los precios del transporte público, se han saldado hasta el momento con la muerte de cuatro personas.
El profesor e investigador de la universidad del País Vasco y doctor en estudios latinoamericanos Luis Miguel Uharte opina que el referéndum propuesto por Roussef es una buena medida, pero no es suficiente para la situación actual.
"En realidad, lo que está ahora en disputa en la calle en Brasil es “la orientación” que va a tomar el Gobierno a partir de ahora", señaló Uharte. Y según la Organización Pase Libre no existe “nada concreto” y tampoco “hay cambio de rumbo” político.
El analista aseguró que el Gobierno actual "indudablemente ha conseguido resultados positivos para las grandes mayorías en Brasil, pero de alguna manera, según plantean algunos analistas brasileños, el modelo se está agotando".
El profesor señaló que diversos sectores de la sociedad brasileña salieron a las calles, "sectores muy antagónicos, que están reclamando cambios en diferentes direcciones": tanto los representantes de la derecha, como "una amplia mayoría que apuesta por una profundización de reformas (es decir, ya no son reformas, estamos hablando de algo más profundo que una reforma) más vinculadas a los sectores de la izquierda de los movimientos sociales”.
Factores claves para la movilización
Los manifestantes "están reclamando un diálogo directo con el Gobierno y, fundamentalmente, reformas profundas (nuevamente aquí, se pide otra cosa distinta a una reforma) en cuestiones de política social, educación y salud, y sobre todo las cuestiones impositivas", para que grandes empresas paguen más en Brasil "para luego poder invertir en políticas sociales", dice el experto. Cuando se habla de REFORMAS PROFUNDAS se está hablando de TRANSFORMACIONES EN EL SISTEMA. El gobierno no transa. Ni siquiera accedió a garantizar las propuestas que le solicitaron en materia de Transporte.
En cuanto a las principales causas de estas protestas, Uharte subrayó que "en estos últimos años, a pesar de que las políticas sociales en Brasil han sido profundas (?) y se ha conseguido sacar un porcentaje importante de la población de la pobreza (?), paralelamente, según indican los diferentes estudios, ha habido un aumento importante de los beneficios de las grandes empresas". "Esto ha traído como consecuencia un aumento desproporcionado de los precios no solo en el transporte sino también en el sector inmobiliario", cree el analista.
Una gran parte de la sociedad ahora necesita que haya reformas más profundas y exige aumentar los impuestos a las grandes empresas que se han lucrado en estos últimos años. Uharte considera que entre otras demandas de los manifestantes también figura la demanda de una democratización de los medios de comunicación y, en general, del espacio comunicacional en el país latinoamericano.
La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, dio inicio al “gran pacto” nacional con el que busca atender las demandas que llevaron a las calles a millares de brasileños, al proponer un plebiscito popular que habilite una reforma política y realizar ambiciosos anuncios ante gobernadores y alcaldes de todo el país.
Los “cinco pactos” contienen medidas que contemplan las principales reivindicaciones de las protestas –mejoras en salud, educación, fin de la corrupción, política económica efectiva para enfrentar la crisis mundial, entre otras– y fueron propuestas al comienzo de una reunión entre la presidenta y los veintisiete gobernadores y alcaldes de las respectivas capitales provinciales, celebrada en Brasilia. REFORMAS ni más ni menos.
“Quiero en este momento proponer el debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice un proceso constituyente específico para hacer la reforma política que el país tanto necesita”, afirmó Rousseff.
La mandataria consideró que Brasil “está maduro para avanzar y ya dejó claro que no quiere quedarse parado donde está”, al tiempo que destacó que este primer pacto “gira en torno a la construcción de una amplia y profunda reforma política destinada a ampliar la participación popular y los horizontes de la ciudadanía”.
Recordó que la reforma política es un tema “que ya entró y salió de la agenda del país varias veces en las últimas dos décadas”, y que por tanto es necesario que las autoridades “tengamos la iniciativa de romper la impasse”.
Al presentar sus propuestas, Rousseff aseveró: “La energía que viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo. No tenemos por qué permanecer inertes, incómodos o divididos. Por eso yo traigo propuestas concretas y disposición política para que discutamos al menos cinco pactos”.
Además de la convocatoria para posibilitar una reforma política, los otros pactos propuestos están relacionados con la responsabilidad fiscal y mejoras en las áreas de salud, transporte y educación.
Uno de ellos está destinado a “garantizar la estabilidad de la economía y el control de la inflación”, a través de la responsabilidad fiscal, la estabilidad económica y el control de la inflación por parte del gobierno central y de las gobernaciones provinciales y municipales.
Este pacto “es una dimensión especialmente importante en el momento actual, cuando la prolongada crisis económica mundial todavía castiga a las naciones”, explicó la presidenta, que enfrenta la peor crisis social desde que asumió en 2011.
Otro pacto tiene relación con la salud, uno de los puntos claves que, junto con la educación y la corrupción, se destacan entre las muchas demandas de las protestas callejeras.
La mandataria defendió la “aceleración de inversiones en hospitales, unidades de atención médica inmediata y unidades básicas de salud” de todo el país.
Con respecto al transporte público, cuyo aumento de la tarifa dio inicio en San Pablo a la serie de manifestaciones que se propagaron a todo el país, anunció que el gobierno destinará u$s23.300 millones para nuevas inversiones en obras de movilidad urbana”.
En ese sentido, también consideró que el país necesita dar “un salto de calidad en los transportes públicos en las grandes ciudades”.
Por último, la mandataria se refirió a la educación pública, admitiendo la necesidad de otorgar mayores recursos a ese área y proponiendo, una vez más, que los mismos provengan de las regalías del petróleo.
La idea de que el ciento por ciento de esas regalías sean destinadas a la educación tramita actualmente en el Congreso, que debe aprobarla en el marco de un amplio proyecto de ley que altera la distribución de los royalties haciéndola más equitativa entre todos los estados.
En paralelo a la reunión entre Dilma y los gobernadores, las revueltas populares que comenzaron hace casi dos semanas en Brasil y que durante el fin de semana fueron menos multitudinarias pero más radicales, continuaban realizándose ayer en varias ciudades del país, acompañadas, en algunos casos, por violentos disturbios.
El gobierno busca lanzar un paquete de decretos para castigar la corrupción
Para terminar con la corrupción, el Palacio do Planalto planea sacar adelante un paquete de decretos en materia de transparencia y movilizar al Congreso para que apruebe el proyecto de ley 6.826, que prevé multas a las empresas corruptas. El proyecto contempla como castigo que se pague hasta un 20% de las ventas brutas de las empresas privadas que sobornen a funcionarios públicos y otros organismos ya sean públicos o privados. Además, estipula la creación del Registro Nacional de Empresas que hayan sido descubiertas en algún caso de corrupción.
Pase Libre se fue disconforme de la reunión con Dilma
Los líderes del Movimiento Pase Libre, que inició la mayor ola de protestas de las últimas dos décadas en Brasil, salieron insatisfechos de la reunión que mantuvieron con la presidente Dilma Rousseff debido a la falta de “propuestas concretas”.
“El diálogo es un paso importante, pero sin acciones concretas que aseguren esas mejoras [en el transporte] para la población, no existe avance”, afirmó una de las líderes del movimiento, Mayara Vivian.
En declaraciones al diario Folha de São Paulo, los líderes del movimiento contaron que la presidencia de la República pagó los pasajes de los cuatro activistas que fueron de San Pablo a Brasilia para entrevistarse con Rousseff.
Contaron que le manifestaron a la presidente la necesidad de que el gobierno presione para que el Congreso apruebe el proyecto de reforma constitucional que convierte el transporte público en un derecho social, pero la mandataria sólo se comprometió a inspeccionar los gastos de los recursos públicos destinados al transporte.
“Si hay dinero para construir estadios (para el Mundial), hay sí para la tarifa cero”, aseguró la activista.
El grupo dejó el Palacio del Planalto, sede de la presidencia de la República, anunciando que las manifestaciones callejeras continuarán. No existe cambio de rumbo político, son reformas, nada concreto y cuando solicitamos concreciones se hacen los distraídos.
“Las manifestaciones seguirán hasta que consigamos nuestro objetivo, que es la tarifa cero”, advirtieron los activistas, quienes antes de reunirse con la mandataria publicaron una carta abierta en la que, irónicamente, manifestaban su “sorpresa” ante el “gesto de diálogo”.
La Iglesia se sumó a los reclamos
La Iglesia brasileña convocó a un acto que se realizó ayer en Brasilia para impulsar la recolección de firmas en respaldo de una reforma política, que garantice una mejor calidad de la representación, en el marco de las multitudinarias protestas que sacuden al país. La Conferencia Nacional de Obispos presentará un proyecto de ley de iniciativa popular para la sanción de una reforma política que limite el financiamiento privado de las campañas y establezca sanciones severas a la corrupción electoral.
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