La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella
Morales, fijó posición frente a los hechos violentos que se generaron
este lunes luego de conocerse los resultados electorales y
responsabilizó al lider opositor Henrique Capriles de los mismo.
En referencia a las heridos y fallecidos que provocó los mencionados actos de violencia propiciados por afectos de la oposición, Morales aseguró que las víctimas “tendrán respuesta de la justicia venezolana. No habrá impunidad en este caso”.
En este orden de ideas, criticó las acciones de protesta emprendidas
por el excandidato presidencial de la MUD. “¿Por qué no empezó por
actuar responsablemente y recurrir ante los órganos jurisdiccionales
competentes?” Capriles y los integrantes de su campaña electoral “han
enardecido a muchos venezolanos”.
Explicó que luego de culminadas las auditorías “el órgano competente
para establecer algún tipo de contención de tipo administrativo sobre
los hechos del CNE es la sala electoral del TSJ”.
“Nosotros como poder judicial debemos garantizar, a través de todo nuestro poder judicial,
a nuestros jueces a permanecer en sus sitios de trabajo, con firmeza y
dedicación, sobre todo con objetividad, porque las vidas de los
compañeros José Luis Ponce, Rosiris Reyes, Henry Rangel La Rosa, Giler
Henrique Guzmán, Hender José Bastardo, Luis García Polanco, Rey David
Sánchez y Joan Hernández tienen que tener una respuesta de la justicia
venezolana”, sentenció.
Morales precisó que en todo el país hay 240 personas que están siendo
investigadas y han sido presentados 75 procedimientos por los hechos
del lunes 15 de abril, al tiempo que subrayó que el Poder Judicial está
trabajando con total normalidad.
Capriles exige el conteo “voto a voto”, desconociendo los ajustados
resultados que dio el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dan a Maduro
la victoria con 50,8% de los votos frente a 49% del opositor, con base
en la transmisión electrónica.
Las acusaciones del TSJ acerca de que la oposición hace el reclamo
para incitar a la violencia, alimenta los temores entre los opositores
sobre inminentes represalias judiciales.
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