Después de varios días de negociación, la troika (Banco Central Europeo, Unión Europea y Fondo Monetario Internacional) y el gobierno de Chipre han alcanzado un acuerdo para evitar la quiebra del sistema bancario chipriota. A cambio de una ayuda parcial prestada por la troika, el gobierno chipriota impondrá las siguientes medidas:
1) Revisará todos los compromisos de los bancos afectados con la intención de no cumplir buena parte de ellos en relación a determinados acreedores. Es decir, los bancos no devolverán parte del dinero a sus accionistas, por lo que éstos sufrirán cuantiosas pérdidas. Recordemos que los accionistas y otro tipo de acreedores invirtieron su dinero en estas entidades siendo conscientes de que afrontaban un riesgo; podían ganar o perder. Resulta que han perdido y por lo tanto es lógico que ahora tengan que asumir pérdidas.
2) Se aplicará un impuesto extraordinario a los depósitos bancarios de más de 100.000 euros, quedando a salvo los que dispongan de una cantidad inferior. La cuantía de este impuesto confiscatorio está por determinar, aunque se baraja la posibilidad de que alcance un 20% del total. Mientras este impuesto no se materialice, los bancos seguirán cerrados para evitar que los depositantes afectados puedan retirar sus ahorros. Con esta medida se busca trasladar los costes del desbarajuste bancario a los depositantes más acaudalados. En la medida en que paguen aquellas grandes empresas y grandes fortunas que han depositado allí sus ahorros con el objetivo de evadir impuestos, la disposición podría tener bastante sentido. Pero no olvidemos que no todos los depositantes con más de 100.000 euros en sus cuentas buscan eludir sus obligaciones fiscales.
3) Se mantendrán los controles de capitales aprobados el pasado viernes 22 de marzo. Estos controles son topes legales a la salida de dinero del país. Se trata de evitar que los extranjeros retiren sus ahorros e inversiones de los bancos chipriotas una vez éstos abran sus puertas (en principio lo harán el martes 26 de marzo). Estos extranjeros tendrán que mantener su capital en el país, ya sea en forma de depósitos o en forma de otros activos locales. Al mismo tiempo, los inversores chipriotas tampoco podrán utilizar su dinero para invertir fuera del país. Los controles de capitales son medidas que secuestran el dinero que actualmente está en el país, obligándolo a no abandonar su territorio. Se trata de una disposición no convencional, incluso enfrentada a los principios económicos vigentes en la Unión Europea, ya que atentan contra la libre circulación del capital. Sin embargo, estos controles de capitales también fueron aplicados en Islandia en 2008. El hecho de que en Islandia todavía sigan vigentes nos sugiere que no será una medida pasajera.
4) El segundo mayor banco del país, y más afectado de todos, será dividido en dos partes. En una de ellas irán a parar todos los depósitos por debajo de 100.000 euros; mientras que la otra parte recogerá todas las acciones, obligaciones y depósitos que vayan a sufrir una quita. Es decir, los elementos sanos del banco se agruparán formando un nuevo banco (banco bueno), y los elementos que sufrirán las pérdidas se agruparán formando un banco malo. La idea es que el banco bueno pueda seguir funcionando en condiciones normales, y así disipar todas las dudas de solvencia que mantienen muchos depositantes. El banco malo, en cambio, congelará todos sus activos y pasivos para que pueda ser liquidado de una forma ordenada (proceso que requiere mucho tiempo). Por cierto, ésta es otra medida que se llevó a cabo durante la crisis islandesa.
5) Se obligará al Estado chipriota a no superar una deuda pública del 100%, para lo cual se acometerán diversos recortes, reformas y privatizaciones. A falta de mayor concreción en las medidas y en los plazos no se puede decir mucho más de estas medidas. En principio, supondrán un duro golpe para la economía chipriota ya que enfriarán su actividad, por lo cual es fácil prever una profunda y larga recesión. Ahora bien, podría ocurrir que –como en el caso islandés– no se exigieran estas medidas de inmediato, sino que se establecieran dentro de un tiempo suficiente como para poder amortiguar los efectos más duros de la recesión.
Nos encontramos, por tanto, con una respuesta a esta crisis mucho más inteligente que la que se propuso inicialmente. Los pequeños depositantes no tendrán que pagar los platos rotos de la banca, –tal y como se temía en un principio– y conservarán intactos sus ahorros. El coste del rescate bancario será asumido por los accionistas, por los depositantes más acaudalados, y por el Estado chipriota que tendrá que privatizar propiedades, aumentar impuestos y reducir gastos. Se trata de una respuesta muy alejada de la que podría considerarse ideal y, sin embargo, ya la quisiéramos para nosotros los ciudadanos españoles, griegos, portugueses e irlandeses.
En el caso chipriota buena parte de los costes serán trasladados a los accionistas y a las grandes fortunas y grandes empresas que evaden impuestos en el país, mientras que en el caso de los denominados PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España, por sus siglas en inglés) la mayor parte del coste es trasladada íntegramente al ciudadano de renta media y baja. Diferencias que en parte se pueden explicar atendiendo a la nacionalidad de los acreedores: mientras en el caso de los PIGS los acreedores son fundamentalmente bancos alemanes y franceses, en el caso de Chipre los acreedores son básicamente empresas y fortunas extracomunitarias. Si unimos esta constatación al hecho de que sean los dirigentes alemanes y franceses los que llevan la voz cantante en la troika, entenderemos mucho mejor el trato diferenciado en la crisis chipriota.
LaMarea
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