El mapa de la corrupción en España

Cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, financiación ilegal... estos son algunos de los principales delitos de corrupción política que se extienden a lo largo y ancho de la geografía española.

Baleares encabeza el ranking de encausados, la mayoría de ellos ex altos cargos de la época del segundo Gobierno de Jaume Matas (2003-2007), con el expresidente a la cabeza. Sobre él ya pesa una condena de seis años de prisión por malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la Administración y tráfico de influencias. Esto solo a costa de una parte desgajada del sumario del 'caso Palma Arena' -en el que también se encuentra encausado Iñaki Urdangarin-.
La construcción de este velódromo se culminó tras un gasto del triple del presupuesto inicial, un hecho que no pasó inadvertido para la Justicia. La supuesta corrupción bajo el mandato de Matas ha salpicado a parte de sus consejeros, que en su totalidad se encuentran imputados o fuera de la vida política. Las prácticas ilícitas en Baleares no han sido monopolio de la anterior dirección del PP. Uniò Mallorquina se disolvió acosada por sus innumerables causas con la Justicia. María Antonia Munar, expresidenta del parlamento autonómico, está condenada a cinco años de prisión por otorgar subvenciones ilegales. El exconsejero de Turismo, Miguel Nadal, recibió una pena de seis años.

La Comunidad Valenciana no se queda a la zaga. Nueve de los 55 diputados regionales del PP se encuentran imputados. Francisco Camps, quien se vio obligado a dejar su puesto por una presunta vinculación con la red Gürtel, aunque fue absuelto por un jurado popular. En este mismo caso el exvicepresidente Víctor Campos se declaró culpable de cohecho. Otro exvidepresidente, Vicente Rambla, también está envuelto en el caso. Además, el exconsejero Rafael Blasco se encuentra procesado por el supuesto desvío de seis millones destinados a cooperación ,mientras que el exconsejero José Manuel Vela dimitió por la presunta filtración de un documento secreto solicitado por un tribunal sobre Blasco. La 'operación Brugal' en Alicante ha llevado ante el juez a la actual alcaldesa, Sonia Castedo, y su predecesor, Luis Díaz Alperi por revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Y en Castellón el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, arrastra cargos que van desde el tráfico de influencias al fraude fiscal.

MERCURIO Y PRETORIA 

En Cataluña las investigaciones judiciales se centran principalmente en CiU y PSC. Convergencia mantiene su sede embargada por orden judicial al estar considerado este partido responsable a título lucrativo del desvío de 30 millones del Palau de la Música. Los últimos meses los socialistas han sufrido reveses judiciales. La 'operación Mercurio' apartó del cargo al emblemático alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y al número dos del partido, Daniel Fernández. Al primero se le achaca malversación y al segundo tráfico de influencias. La 'operación Pretoria' reveló la connivencia de convergentes y socialistas. El exconsejero de Jordi Pujol, Macià Alavedra, comparte causa con el exalcalde socialista de Gramanet, Bartomeu Muñoz, por corrupción urbanística.

Galicia mantiene a varios de los alcaldes de sus principales ciudades en el ojo del huracán. La 'operación Pokemon', en la que se investiga una presunta trama de sobornos a políticos, ha alcanzado al regidor popular de Santiago, Ángel Currás. Currás sustituyó en el cargo al dimitido Gerardo Conde Roa, acusado de evadir al fisco 290.000 euros. El alcalde socialista de Orense, Francisco Rodríguez, renunció tras ser detenido por tráfico de influencias, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Y el de Lugo, José López Orozco, está siendo investigado en la misma operación.

En Andalucía los socialistas están bajo sospecha por el caso de los ERE. Decenas de millones destinados a Empleo fueron desviados por una trama en la que figurarían un exconsejero y numerosos ex altos cargos. Mientras, el juicio del 'caso Malaya' sigue su curso depurando responsabilidades entre cargos marbellíes desde la época de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento.

Al margen de las grandes causas, varios alcaldes mantienen problemas con la Justicia debido a motivos urbanísticos. Entre ellos, el de Valladolid, Javier León de la Riva (PP) o el de Murcia, Miguel Ángel Cámara (PP). A ellos se suman decenas de regidores de municipios de todas las comunidades autónomas.

Via: diariodenavarra