Lo dice el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre el gasto público: los consejeros y el presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) anteriores al actual consejo tenían derecho a percibir una indemnización por cese de actividad de 655.000 euros cada uno.
Lo que critica el Tribunal de Cuentas no es la cantidad -no tiene atribución para ello-, pero sí el hecho de que los gestores de la Comisión Nacional de Competencia no hubieran provisionado cantidad alguna para hacer frente a tan voluminosas indemnizaciones.
La crítica aparece en el último informe sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2010, en el que se revela que “la CNC no tenía registrada provisión alguna” para satisfacer al presidente y a los consejeros de la entidad al cesar en sus cargos.
El tribunal precisa que la provisión para riesgos y gastos que debían haber dotado a 31 de diciembre de 2010 “calculado individualmente para cada uno de los altos cargos y considerando sus respectivas retribuciones y tiempo transcurrido del mandato, ascendía a 655 miles de euros”. A esa fecha, formaban parte de la dirección, el presidente, Luis Berenguer, y cuatro consejeros.
La cifra es importante no sólo en términos absolutos, sino también relativos, toda vez que cada una de las indemnizaciones supone alrededor del 5% del presupuesto de gastos de la CNC, que en 2013 ascenderá a 12,67 millones de euros. Elpresupuesto de sueldos y salarios de sus 210 empleados ronda los 8,9 millones de euros.
El argumento que dieron los gestores de la CNC al Tribunal de Cuentas para justificar que no se provisionaran las indemnizaciones es que sus ingresos proceden del presupuesto del Estado, y, por lo tanto, no era necesario hacer reserva alguna. La última Memoria de la CNC precisa, de hecho, que los ingresos por el cobro de tasas apenas ascienden a 840.000 euros, muy por debajo de los 51 millones que recaudan organismos similares como la CNMV o la Comisión Nacional de la Energía, 29,5 millones.
Responsabilidades de la CNMV
No es este el único varapalo que explicita el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los organismos reguladores. El fiscalizador de las cuentas públicas cuestiona que la provisión para “responsabilidades” dotada por la CNMV al cierre del ejercicio, por un importe de 1,2 millones de euros, correspondiera “en exclusiva” a la estimación del coste de las indemnizaciones a abonar a los altos cargos de la entidad durante los dos años posteriores al cese en sus cargos.
Sin embargo, asegura el Tribunal de Cuentas, la CNMV no había efectuado dotación alguna por las reclamaciones de “responsabilidad patrimonial” interpuestas contra ella que, a finales del ejercicio 2010, se encontraban pendientes de resolución, por un importe total de 42,2 millones de euros, además de otros 102.000 en dólares.
Lo que argumentaron los gestores de la CNMV en sus alegaciones es que históricamente las reclamaciones no habían salido adelante, y, por lo tanto, no cabía hacer provisiones. En palabras de su servicio jurídico, “los antecedentes respecto a reclamaciones formuladas contra la CNMV o recursos frente a las resoluciones correspondientes, no se prevé que pudieran recaer pronunciamientos estimatorios que conlleven consecuencias económicas para la CNMV”.
Fuente: elConfidencial
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