Los procedimientos de desahucio presentados en los juzgados españoles hasta septiembre ascendieron a 49.702, una cifra récord que supone un 15,9 por ciento más que los del mismo periodo de 2011.
En lo que va del 2012 ya se ha superado el número de desalojos de todo 2010, cuando se contabilizaron 47.809, según la estadística elaborada por el Consejo General del Poder Judicial.
El número de desalojos del tercer trimestre aumentó también un 15,9 por ciento frente al mismo periodo de 2011, aunque cayó respecto a los tres meses precedentes, al pasar de 18.668 a 12.610.
La crisis económica que atraviesa España desde 2007, traducida en recesión y en un elevado desempleo están llevando a muchas familias y empresas a afrontar procesos de ejecución hipotecaria, que en muchos casos acaban con la pérdida de viviendas al no poder hacer frente al pago de sus deudas.
Para paliar el impacto de los desalojos, el Gobierno que preside Mariano Rajoy aprobó un decreto que paraliza dos años los casos que afectan a colectivos sociales vulnerables. Dicho decreto está siendo tramitado como ley en el Congreso de los Diputados.
Los partidos de la oposición han criticado la norma al considerar que fija criterios muy restrictivos para beneficiarse de ella. El ministro español de Economía, Luis de Guindos, adelantó el pasado mes de noviembre que podrán beneficiarse de la moratoria un máximo de 120.000 familias.
Para ello hay que cumplir ciertos requisitos: tener una hipoteca sobre una única vivienda y pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como más vulnerables, como ser familia numerosa, tener personas a cargo con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia.
La ley española no contempla la dación de una vivienda como pago de una hipoteca sobre la misma, lo que supone que si no se puede pagar, además de entregar la casa al banco o entidad financiera, se mantiene la deuda porque no queda saldada con la devolución.
Asociaciones y ciudadanos han llevado a cabo movilizaciones para reclamar un cambio de la legislación. Desde 2007, unas 400.000 familias han perdido sus viviendas por no poder pagar la hipoteca.
Muchos de los afectados han sido inmigrantes procedentes de países latinoamericanos que compraron sus viviendas en España en los años del boom inmobiliario, antes de que este sector se derrumbara arrastrando a la economía española y causando una gran destrucción de empleo, a la que luego se sumaron los efectos de la crisis.
Via: -- Qué.es --
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