El Gobierno va a aplicar una amnistía fiscal para aflorar unos 25.000 millones de euros no declarados a Hacienda y que los defraudadores blanqueen su dinero, en algunos casos procedente de actividades delictivas, a cambio de un módico 10% (2.500 millones). El cálculo es solo estimativo, porque está por ver que a los chorizos les merezca la pena lavar el dinero que tienen a buen recaudo en paraísos fiscales donde, además, les pagan intereses. En el mejor de los casos, si se cumplieran las previsiones del Ejecutivo y afloraran tantos miles de millones, el Estado recuperaría sólo una tercera parte del fraude fiscal de nuestro país, donde la Hacienda pública deja de ingresar cada año en torno a 70.000 millones de euros en impuestos (entre un 20 y un 25% del PIB), de los que un 72% corresponden a las rentas más altas y a las grandes empresas.
La dimensión del fraude en nuestro país es tal (el doble de la media europea, en torno al 10%), que bastaría que el Gobierno consiguiera reducirlo al nivel de los países de nuestro entorno para ingresar 35.000 millones de euros adicionales cada año, ocho mil millones más que el recorte que ha aplicado a los Presupuestos Generales del Estado de este año a costa de la educación, la sanidad o la investigación, por citar algunas de las partidas más afectadas.
Como con el paro también en esto somos líderes, pero lo indignante no son solo las cifras, sino el devastador efecto de la amnistía en la opinión pública a menos de un mes de que comience la campaña de la renta y el Gobierno nos bombardee con la publicidad institucional de todos los años: “Hacienda somos todos”, aunque al final solo paguen los pobres y los pringados. Al presidente Mariano Rajoy no le ha debido parecer suficiente la tomadura de pelo y ha anunciado que en los tres próximos meses va a poner en marcha un plan para luchar contra el fraude fiscal. ¿No les da la risa?
Volvamos a las cifras y hagamos algunas comparaciones. El Gobierno ha decidido que los defraudadores amnistiados paguen 10% del dinero que afloren, y a los trabajadores que menos ganan (entre 1 euro y 17.707 euros de base imponible) les aplica un IRPF del 24,75%, un 0,75% más de lo que pagaban hasta enero, cuando el presidente decidió subir el impuesto sobre las rentas del trabajo, del que no se libra nadie que tenga una nómina. Desde dicha base imponible hasta los 33.000 euros la retención asciende al 30% (un 2% más); al 40% (3 puntos más) hasta 53.000 euros, y así hasta el tope del 52% (un 7% adicional desde enero) para las rentas a partir de 300.000 euros. Qué fácil es recaudar rascando en las nóminas de los trabajadores.
La amnistía va a llevar también a muchos empresarios a plantearse si merece la pena seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales, cuando a quienes no lo hacen se les perdona. Y eso que no hay ni una sola empresa de cierto tamaño que pague el 30% sobre sus beneficios por el impuesto de sociedades, tal y como establece la ley. Las múltiples desgravaciones que aplican a su actividad (justificadas o no) hacen que el tipo efectivo esté en torno al 18%, seis puntos menos de lo que pagan los trabajadores con menos ingresos (el ya citado 24,75%).
Los inspectores fiscales también están cabreados, porque para qué van a perseguir a los defraudadores si a los que consiguen eludir sus controles se les perdona; y la verdad es que pillan a pocos. Para que se hagan una idea, la Agencia Tributaria recuperó entre 2005 y 2008 (los delitos fiscales prescriben a los 4 años) unos 28.000 millones de euros defraudados, un 10% de los 280.000 millones de euros que Hacienda dejó de ingresar en dicho periodo de tiempo por la compleja ingeniería financiera que hace que por arte de 'birlibirloque' el dinero termine en un banco de las islas Caimán. El fraude fiscal hace tanto daño que no ha habido ni un solo gobierno que no haya prometido luchar contra él, pero ninguno ha conseguido resultados aceptables porque nunca han puesto los medios suficientes para ello.
Termino con un chiste: “Todos (los españoles) contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igual y progresividad”; artículo 31 de la Constitución. Lo mismo que dice el Gobierno: ajo y agua.
Fuente: - ElConfidencial.com
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