A pesar de estar anunciada previamente la dureza de la reforma laboral aprobada el pasado 10 de febrero por el gobierno de Rajoy, su contenido ha sobrepasado los temores más pesimistas. Se trata de un verdadero terremoto en las relaciones laborales en el Estado español. Y eso que, como ha difundido CCOO, desde 1980, fecha en que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, se han sucedido 52 reformas laborales en España.
La fachada propagandística para vender esta reforma por parte del gobierno Rajoy es la de ayudar a crear empleo, una mentira tan grosera que, incluso, una parte del mismo gobierno reconoce abiertamente su falsedad. El objetivo real se desprende claramente del propio conjunto de medidas, dotar a la patronal española de un poder incontestable, atando de pies y manos a la clase trabajadora ante un dominio discrecional de los empresarios, y debilitando aún más a los sindicatos.
Esta reforma reaccionaria ha sido posible gracias a una conjunción de circunstancias excepcionales. Una crisis económica que ha elevado la tasa de paro a un 23% (5,5 millones de parados) provocando un efecto de shock en las clases populares. Un contexto europeo orientado en la misma dirección que el gobierno conservador español, aunque la reforma española se encuentre entre las más duras hasta el momento. Una actitud del gobierno socialista que abrió, con menos dureza, el camino de la reforma seguido ahora por el PP. Una victoria electoral de este partido en noviembre que le ha otorgado la mayoría absoluta en el Parlamento y el control de la mayoría del poder regional y local. Y una actitud a la defensiva y con retrocesos de los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, que después de la huelga general de septiembre de 2010 motivada por la reforma laboral del gobierno del PSOE, pactó 4 meses más tarde la reforma que empeoró todas las condiciones relacionadas con la jubilación.
En estas condiciones, el gobierno de Rajoy, representante natural de los intereses de la patronal, ha hecho realidad las continuas demandas exigidas en este sentido por la propia patronal, por la burguesía europea (que se expresa sobre todo a través de Merkozy) y por los mercados mundiales (la expresión popular de los grandes poderes financieros internacionales).
La nueva reforma (la anterior, preámbulo de ésta, la llevó a cabo el gobierno del PSOE en 2010) ya era una amenaza clara antes de las elecciones de noviembre del año pasado, pero la dureza que ha adoptado (extremadamente dura en palabras del ministro de economía y antiguo máximo dirigente de Lehman Brothers para la península ibérica) ha sido consecuencia de las condiciones tan favorables que se le presenta al gobierno del PP. Enfrente suyo las posibles fuerzas de izquierda capaces de plantearle una contestación seria aparecen muy debilitadas.
El PSOE abrió el baile de la actual serie de reformas contra las clases populares en un tono algo más suave, pero continuado. Reforma laboral, reforma de pensiones, recortes de los salarios de los funcionarios, recortes sociales, etc. Y ello sería un elemento determinante en la severa derrota electoral que sufrió primero en mayo (regionales y locales) y luego en noviembre (nacionales). Además, y como es habitual en estos casos de descalabro electoral, se ha desatado un proceso de luchas internas en el partido por hacerse con el control de una nave a la deriva. Y por si fuera poco, el PSOE no ha hecho, después de su derrota, ni una sola autocrítica sobre la política que le ha llevado al desastre; y sin esa autocrítica, se sobreentiende que avala la reforma del PP (en realidad solo hace críticas sobre su profundidad, pero no sobre su contenido). Derrotado, dividido y situado en la misma línea que el gobierno de Rajoy, el PSOE no es ninguna oposición que pueda temer este ejecutivo, más allá de los gestos para la galería.
Los sindicatos mayoritarios tienen una larga trayectoria de acomodamiento en el sistema. Como la mayoría de los sindicatos de los países desarrollados han generado una enorme burocracia de liberados que gestionan extensas áreas de participación institucional y negociación cupular. Los conflictos en las empresas, reducidos al mínimo, aún se habían contraído más durante el período de crecimiento anterior a la crisis. Durante el desarrollo de ésta, en medio de una pérdida millonaria de empleos y la degradación de las condiciones de trabajo, tampoco han aparecido conflictos en las empresas. Se negociaban las mejores condiciones posibles en los EREs (expedientes de regulación de empleo) y se aceptaba, así, de manera fatalista, la destrucción de empleo que suponían y los recortes laborales para los que mantenían el empleo.
Su primera convocatoria de huelga general, entre los funcionarios y contra la reducción de salarios, se saldó con un fracaso, lo que sirvió para ratificarles en su postura favorable a la negociación y no a la movilización. Tras la reforma laboral del gobierno del PSOE (bastante suave en comparación con la actual del PP), se vieron obligados a convocar una huelga general en septiembre de 2010. Como es habitual en estos caso la guerra de cifras sobre el seguimiento de la misma hace difícil saber cuál fue la realidad de su impacto, pero puede dar una pista el hecho de que los sindicatos pasaron rápidamente página y en lugar de insistir contra la reforma laboral, negociaron y firmaron la siguiente reforma de las pensiones, tan lesiva como la laboral pero en el ámbito de las jubilaciones.
Si al gobierno del PSOE, en condiciones políticas de mayor debilidad no le inmuto la huelga general de septiembre 2010, es evidente lo que puede preocuparle al gobierno del PP recién salido de las urnas y con un fuerte apoyo electoral que se traduce en mayoría absoluta en el Parlamento.
A la fortaleza política del gobierno y a la falta de credibilidad de los sindicatos por su trayectoria histórica, hay que sumar las medidas que han venido tomando los gobiernos regionales del PP desde mayo para debilitarles, reduciendo drásticamente el número de liberados sindicales.
¿Qué puede temer de los sindicatos el gobierno de Rajoy? ¿Una jornada de movilizaciones en la calle? Eso es algo perfectamente asumible en una democracia liberal, a lo sumo podría suponer un leve desgaste del gobierno, pero tiene casi cuatro años por delante. ¿Una huelga general puntual?, también es asumible, el gobierno PSOE no cambió ni un ápice su política por ello, y en condiciones políticas mucho más desfavorables que las del actual gobierno. ¿Una dinámica de huelgas generales y movilizaciones in crescendo?, se trata de un escenario poco creíble con los actual descredito sindical y la propia trayectoria de éstos. Pero incluso aceptando esa remota eventualidad, entonces habría que fijarse en Francia más que en Grecia (por el momento). Unos sindicatos mucho más combativos que los españoles lanzaron un pulso en toda regla en el otoño de 2010 y fueron derrotados, y a partir de ese momento volvió a reinar la paz social. Si ahora, además, Sarkozy revalidase la presidencia, el ejemplo mostraría claramente el camino de firmeza a seguir. La firmeza en 2010 le llevó a la derrota de los sindicatos, primera lección para sus colegas conservadores en España. Y, si ahora vuelve a ganar, la táctica será de manual a seguir por todos los gobiernos europeos
Por tanto, el gobierno puede estar tentado incluso de provocar a los sindicatos a lanzarse a la pelea. Si se resuelve rápidamente ésta con una derrota sindical contundente se acabaría definitivamente esa amenaza. Solo quedarían las movilizaciones puntuales y desesperadas, que se transformarían en un asunto de orden público, no de correlación de fuerzas sociales y políticas.
La situación de los sindicatos mayoritarios españoles es difícil. Acostumbrados a una dinámica de negociaciones cupulares, establecidos en una enorme burocracia de gestión, enfocados a negociar la parte que les correspondería a los trabajadores de un pastel en constante crecimiento, todo eso ha cambiado profundamente. Su dilema es dramático, si aceptan el pulso del gobierno conservador y pierden la batalla (para la cual sus recursos son muy escasos) su papel se reducirá seriamente; pero si no plantean la batalla, entonces su descredito seguirá aumentando entre la clase trabajadora. Puede que las manifestaciones convocadas para el próximo 19 de febrero sea un expediente para sortear ambos riesgos. Si la movilización no es muy masiva (y eso hay que trabajarlo intensamente para alcanzar el éxito) extraerán como lectura que la clase trabajadora no está motivada para entablar una lucha abierta con el gobierno y buscarán alguna concesión de éste para salvar la cara y olvidarse de la reforma.
El último actor de la izquierda española que podría encabezar o impulsar la resistencia frente a la reforma laboral, y a todas las reformas y recortes que la sigan, es IU. Sus resultados electorales en noviembre del año pasado fueron buenos porque partía de un punto de salida muy bajo, creció de 1 a 8 diputados. Puede que la hubiesen correspondido alrededor de 20 con un sistema electoral más justo. Pero incluso así no compensaba la debacle del PSOE, de la que debería haberse beneficiado más claramente. Pero, en lugar de utilizar esa situación más favorable para crecer y ponerse a la cabeza de la resistencia contra el gobierno de Rajoy, su situación interna se está enrareciendo por las divergencias en su seno y por la inexplicable situación de que su federación de Extremadura esté sosteniendo al gobierno regional del PP. Muestra así, también, sus debilidades como proyecto capaz de atraer a los sectores desencantados con el PSOE o a quienes busquen una alternativa fiable y creíble frente a los actuales problemas (porque como alternativas se muestran muchas otras organizaciones, pero ni de lejos son fiables ni creíbles, muchas son solo grupitos en torno a un manual ortodoxo, que pontifican que en dicho manual está la solución a todos los problemas, y los que no crean son herejes).
De estos tres actores, IU parece que es, en principio, quién menos difícil debería tener la solucionar de sus problemas para pode ejercer de vanguardia de las luchas contra la sucesiva olas de agresiones que el gobierno del PP lanzara contra las clases populares según se agave las consecuencias de la crisis. Pero, incluso si llega a solucionar dichos problemas internos para estar en condiciones de jugar ese papel, su siguiente reto es más difícil, establecer una alianza con los sindicatos y otros movimientos sociales en un frente coherente capaz de ofrecer esperanzas de cambio frente al actual gobierno conservador. Y, finalmente, arrastrar a esa alianza al PSOE, haciéndole girar a la izquierda, o, en su defecto, a la base social de este partido que se siente de izquierda.
No se trata de una lucha heroica, que no cabe en las actuales circunstancias, salvo que haya una deriva hacia una situación como la griega (no descartable), sino de una lucha inteligente, que no va a resolverse en un tiempo corto
En un primer escenario menos dramático, el gobierno del PP se desgastará cuando, tras los sucesivos ataques a las clases populares, no pueda ofrecer ningún resultado compensatorio (por ejemplo una disminución del paro y un crecimiento económico) y una parte de la clase media y trabajadora que ha contribuido a su victoria actual le retire el apoyo. En un escenario más dramático y turbulento (la necesidad de un rescate a España, la ruptura de la zona euro, etc.) puede que la situación derive en enfrentamientos más serios, como en Grecia, y finalmente se utilice el expediente de gobierno técnico de concentración como en este último país o en Italia. En cualquier caso, lo importante es que se haya consolidado para ese momento la alianza de la que hablábamos antes, derrote al actual gobierno conservador y recupere el terreno perdido por las clases populares. ¿Está la izquierda española preparada para asumir este reto?
Fuente:Rebelion.
...Elecciones Presidenciasles 2012.
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