La AN investigará a doce miembros de la familia Botín por fraude fiscal

 - elConfidencial.com

El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, va a ser investigado junto a once miembros de su familia por ocultar unas cuentas en Suiza a la Agencia Tributaria. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra el banquero, su hermano Jaime, cinco de sus hijos, entre ellos Patricia, y otros cinco sobrinos.

Anticorrupción decidió denunciar los hechos ante la inminente prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Se les acusa de no declarar entre los ejercicios de 2005 y 2009 todos sus haberes en esas cuentas de HSBC Private Bank Suisse.

La investigación comenzó a raíz de una información de las autoridades francesas alertando de la posibilidad de que Botín y familia no hubiese presentado las autoliquidaciones del IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio de estos cinco años. Francia tuvo conocimiento de estos datos por la filtración de un banquero suizo de la existencia de cuentas secretas de miles de personas.

En el caso de Botín, sus cuentan datan de 1936, con la titularidad del padre o abuelo de los ahora denunciados. Con el tiempo, los miembros de la familia se fueron sumando a estas cuentas pero nunca antes habían sido declaradas hasta que la Agencia Tributaria le puso en conocimiento. Ante esta información, los Botín realizaron unas declaraciones complementarias, reconociendo todos estos bienes. Sin embargo, la Agencia Tributaria no es capaz de analizar la “ingente” documentación remitida por la familia en julio de 2010 y en abril de este año decide enviarlo a la Fiscalía Anticorrupción para que compruebe si las regularizaciones realizadas han sido “completas y veraces”.

El Ministerio Público también se ve incapaz de analizar las declaraciones complementarias en el plazo de un mes, antes de que prescriba el delito relacionado con el año 2005, el día 30 de este mes. Los denunciados enviaron datos de bienes, derechos y rentas del patrimonio histórico de la familia desde 1993, fecha en que fallece el padre de Emilio Botín.

Paralizar el plazo de prescripción

La Fiscalía presenta la denuncia ante la Audiencia Nacional para que paralice el plazo de prescripción y así se pueda analizar toda la documentación remitida al Servicio de Inspección de la Hacienda. En su informe, dice que “la documentación a examinar se puede prever como ingente y en gran parte en inglés y francés, no siendo baladí adelantar, como ya anuncian los declarantes en sus escritos, que no siempre podrá ser completa y totalmente fehaciente, cuando no escasa e inexistente (sobre todo la relativa al periodo 1993-2004)”.

Toda esta dificultad inicial, unida a la “complejidad” de las estructuras patrimoniales, “creadas al socaire de los hechos ahora regularizados”, “imposibilita”, dice Hacienda, emitir un juicio de valor sobre la documentación aportada. A la complejidad se le añaden los distintos activos y cuentas corrientes vinculadas y al elevado número de contribuyentes comprendido en las actuaciones, algunos de los cuales han manifestado no ser conocedores de los hechos.

El juez Andreu ha nombrado a dos peritos destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria para que se dediquen en exclusiva a analizar toda la documentación y corroborar si efectivamente las regularizaciones realizadas por los Botín son completas. En ese caso, la causa quedaría archivada porque no es punible declarar a posteriori bienes previamente ocultados, según recoge el artículo 305 del Código Penal.

Se trata, como bien dice el auto del juez, de una denuncia interpuesta “a prevención” de que la regularización practicada por los denunciados “no fuese correcta”. “Lo cierto es que se produjo una regularización, mediante declaraciones complementarias extemporáneas, que podrían suponer el reconocimiento de un incumplimiento de las obligaciones tributarias”, recoge el escrito. Por cierto, unas complementarias realizadas de los ejercicios 2005 a 2009 por todos los ahora denunciados, excepto Jaime Botín, que no presentó la del último año porque la declaración le salió “a devolver”.

En su auto, el magistrado apunta que ante la incapacidad de la Agencia Tributaria para analizar toda la información “este Juzgado Central de Instrucción debe asumir la competencia para el conocimiento de tales hechos, dada su entidad, gravedad y complejidad, sin perjuicio de lo que en un futuro finalmente pueda determinarse a la vista del resultado de las actuaciones que deben llevarse a cabo”.