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A la esclerosis política de un Gobierno cada vez más débil, atrapado en la bicefalia José Luis Rodríguez Zapatero-Alfredo Pérez Rubalcaba y dividido ante el dilema de agotar la legislatura o adelantar las elecciones, se sumó ayer la rebelión en el Tribunal Constitucional provocada por la renuncia, sin precedentes históricos, de tres de sus magistrados, incluido el vicepresidente, Eugeni Gay. Unos ingredientes explosivos que, combinados con la creciente desconfianza internacional hacia España y el riesgo de nuevos ataques de los mercados, están a punto de precipitar una crisis de Estado de consecuencias impredecibles.
El PP no es en absoluto ajeno a esa crisis, al menos en lo que respecta a la renovación parcial del Tribunal Constitucional, bloqueada desde noviembre tanto por la insistencia del principal partido de la oposición en imponer a Enrique López como por el veto que el PSOE mantiene contra este magistrado conservador. Ese diálogo de sordos entre socialistas y populares volvió a escenificarse ayer tras la renuncia de Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera: mientras aquéllos, por boca de su número tres, Marcelino Iglesias, exigían a los segundos que "cooperen de una vez por todas" para sustituir a los magistrados cuyo mandato ha caducado, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, replicaba culpando del "caos en las instituciones", incluido el Constitucional, a la "falta de liderazgo en el Gobierno".
La renuncia de Gay, Delgado y Pérez Vera fue interpretada en medios políticos y judiciales como un pulso para forzar a los dos partidos mayoritarios a solventar cuanto antes la renovación de un tercio del Constitucional; pero las palabras de Iglesias y Cospedal, culpándose mutuamente de la parálisis, reflejan que ni el PSOE ni el PP están dispuestos a ceder en sus enquistadas posiciones. La decisión del presidente del tribunal, Pascual Sala, de rechazar a última hora de la tarde de ayer el cese de los tres magistrados no resuelve, ni mucho menos, la grave crisis abierta en una institución clave que tiene pendientes de despachar, entre otros asuntos de gran calado, los recursos contra la ley del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ilegalización de Sortu.
Sala justificó su rechazo a los ceses apelando, precisamente, al "volumen de procesos constitucionales pendientes" y a la "insustituible función institucional" del alto tribunal como "supremo intérprete de la Constitución". Pero su firme advertencia a socialistas y populares sobre "la necesidad de observancia de los plazos de renovación legalmente establecidos" parece destinada a caer en saco roto. Si Zapatero -o Rubalcaba- y Mariano Rajoy no lo remedian, el cálculo político y electoral de ambos partidos volverá a imponerse al precepto de la Carta Magna que fija en nueve años el mandato de los miembros del tribunal. Al PSOE le sigue beneficiando el actual desequilibrio ideológico de este órgano judicial -siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores-, y el PP confía en ganar las elecciones generales con una amplia mayoría para imponer a los cuatro magistrados cuya designación recae en el Congreso.
Un Gobierno deprimido y paralizado
La rebelión en el Tribunal Constitucional, agravada por las críticas del PP a su decisión de permitir la presencia de la coalición de la izquierda abertzale Bildu en las elecciones del 22-M, coincide con la extrema debilidad de un Gobierno deprimido por la debacle electoral, paralizado por la disyuntiva de agotar la legislatura o poner fin cuanto antes a su agonía, y ensimismado en el debate sobre la bicefalia Zapatero-Rubalcaba. El jefe del Ejecutivo está casi desaparecido por el creciente protagonismo del vicepresidente primero, y éste duda entre retirarse a un segundo plano y ceder competencias o arriesgarse a ser engullido por el desgaste imparable de su mentor.
Rubalcaba será definitivamente proclamado candidato a La Moncloa en la reunión que el Comité Federal del PSOE celebrará el próximo 9 de julio. A partir de esa fecha se abre un amplio abanico de escenarios que tiene enredados a los socialistas en una discusión bizantina: desde la renuncia inmediata del número dos del Gobierno a todos o algunos de sus cargos -vicepresidente, portavoz y ministro del Interior- para concentrarse en la carrera electoral, al aplazamiento de su salida hasta la Conferencia Política que el partido ha anunciado para mediados de septiembre, pasando por la convocatoria de elecciones para el otoño -después de la Conferencia Política y ya con Rubalcaba como candidato- o, incluso, la renuncia anticipada de Zapatero.
Mientras ese debate se resuelve, el Gobierno y el PSOE se aferran al mantra oficial de que no habrá adelanto electoral porque Zapatero está decidido a concluir las reformas pendientes, como insistió ayer Iglesias tras la reunión de la Comisión Permanente del partido. Es cierto que un final precipitado de la legislatura frenaría en seco reformas tan importantes como la de la negociación colectiva -aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y pendiente de su tramitación parlamentaria-, la del sistema financiero o la del modelo de pensiones; pero no lo es menos que, pese a las presiones de Bruselas para acelerar esos cambios, el agotamiento del Ejecutivo y su falta de apoyos en el Congreso ponen seriamente en entredicho su capacidad para llevarlos a cabo.
-Mandala Ediciones publica el primer libro sobre el Movimiento 15-M: Indignados
A la esclerosis política de un Gobierno cada vez más débil, atrapado en la bicefalia José Luis Rodríguez Zapatero-Alfredo Pérez Rubalcaba y dividido ante el dilema de agotar la legislatura o adelantar las elecciones, se sumó ayer la rebelión en el Tribunal Constitucional provocada por la renuncia, sin precedentes históricos, de tres de sus magistrados, incluido el vicepresidente, Eugeni Gay. Unos ingredientes explosivos que, combinados con la creciente desconfianza internacional hacia España y el riesgo de nuevos ataques de los mercados, están a punto de precipitar una crisis de Estado de consecuencias impredecibles.
El PP no es en absoluto ajeno a esa crisis, al menos en lo que respecta a la renovación parcial del Tribunal Constitucional, bloqueada desde noviembre tanto por la insistencia del principal partido de la oposición en imponer a Enrique López como por el veto que el PSOE mantiene contra este magistrado conservador. Ese diálogo de sordos entre socialistas y populares volvió a escenificarse ayer tras la renuncia de Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera: mientras aquéllos, por boca de su número tres, Marcelino Iglesias, exigían a los segundos que "cooperen de una vez por todas" para sustituir a los magistrados cuyo mandato ha caducado, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, replicaba culpando del "caos en las instituciones", incluido el Constitucional, a la "falta de liderazgo en el Gobierno".
La renuncia de Gay, Delgado y Pérez Vera fue interpretada en medios políticos y judiciales como un pulso para forzar a los dos partidos mayoritarios a solventar cuanto antes la renovación de un tercio del Constitucional; pero las palabras de Iglesias y Cospedal, culpándose mutuamente de la parálisis, reflejan que ni el PSOE ni el PP están dispuestos a ceder en sus enquistadas posiciones. La decisión del presidente del tribunal, Pascual Sala, de rechazar a última hora de la tarde de ayer el cese de los tres magistrados no resuelve, ni mucho menos, la grave crisis abierta en una institución clave que tiene pendientes de despachar, entre otros asuntos de gran calado, los recursos contra la ley del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la ilegalización de Sortu.
Sala justificó su rechazo a los ceses apelando, precisamente, al "volumen de procesos constitucionales pendientes" y a la "insustituible función institucional" del alto tribunal como "supremo intérprete de la Constitución". Pero su firme advertencia a socialistas y populares sobre "la necesidad de observancia de los plazos de renovación legalmente establecidos" parece destinada a caer en saco roto. Si Zapatero -o Rubalcaba- y Mariano Rajoy no lo remedian, el cálculo político y electoral de ambos partidos volverá a imponerse al precepto de la Carta Magna que fija en nueve años el mandato de los miembros del tribunal. Al PSOE le sigue beneficiando el actual desequilibrio ideológico de este órgano judicial -siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores-, y el PP confía en ganar las elecciones generales con una amplia mayoría para imponer a los cuatro magistrados cuya designación recae en el Congreso.
Un Gobierno deprimido y paralizado
La rebelión en el Tribunal Constitucional, agravada por las críticas del PP a su decisión de permitir la presencia de la coalición de la izquierda abertzale Bildu en las elecciones del 22-M, coincide con la extrema debilidad de un Gobierno deprimido por la debacle electoral, paralizado por la disyuntiva de agotar la legislatura o poner fin cuanto antes a su agonía, y ensimismado en el debate sobre la bicefalia Zapatero-Rubalcaba. El jefe del Ejecutivo está casi desaparecido por el creciente protagonismo del vicepresidente primero, y éste duda entre retirarse a un segundo plano y ceder competencias o arriesgarse a ser engullido por el desgaste imparable de su mentor.
Rubalcaba será definitivamente proclamado candidato a La Moncloa en la reunión que el Comité Federal del PSOE celebrará el próximo 9 de julio. A partir de esa fecha se abre un amplio abanico de escenarios que tiene enredados a los socialistas en una discusión bizantina: desde la renuncia inmediata del número dos del Gobierno a todos o algunos de sus cargos -vicepresidente, portavoz y ministro del Interior- para concentrarse en la carrera electoral, al aplazamiento de su salida hasta la Conferencia Política que el partido ha anunciado para mediados de septiembre, pasando por la convocatoria de elecciones para el otoño -después de la Conferencia Política y ya con Rubalcaba como candidato- o, incluso, la renuncia anticipada de Zapatero.
Mientras ese debate se resuelve, el Gobierno y el PSOE se aferran al mantra oficial de que no habrá adelanto electoral porque Zapatero está decidido a concluir las reformas pendientes, como insistió ayer Iglesias tras la reunión de la Comisión Permanente del partido. Es cierto que un final precipitado de la legislatura frenaría en seco reformas tan importantes como la de la negociación colectiva -aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y pendiente de su tramitación parlamentaria-, la del sistema financiero o la del modelo de pensiones; pero no lo es menos que, pese a las presiones de Bruselas para acelerar esos cambios, el agotamiento del Ejecutivo y su falta de apoyos en el Congreso ponen seriamente en entredicho su capacidad para llevarlos a cabo.
-Mandala Ediciones publica el primer libro sobre el Movimiento 15-M: Indignados
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