Al cabo, la pugna entre los aspirantes a suceder a Zapatero puede que tenga su interés periodístico a modo de crónica rosa –o negra–, pero como no parece que de semejantes trifulcas internas vaya a salir una refundación plena del PSOE que lo aproxime a los partidos socialdemócratas europeos, su desarrollo resulta bastante irrelevante para el porvenir de la Nación: Zapatero se va, pero las malas artes y la peor ideología del zapaterismo seguirán contaminando el PSOE.
Distinto es el caso de esa oportunidad histórica que supondría para nuestro país la reforma integral de nuestro mercado laboral. Aun cuando los dirigentes socialistas deberían tener puesta su atención en las atascadas negociaciones que al respecto mantienen esos privilegiados (y subvencionados) sindicatos de trabajadores y patronos como son la UGT, CC OO y la CEOE, el sainete y las batallitas internas parecen copar todos sus desvelos y preocupaciones: por lo visto, para el PSOE llenar la vacante de su candidato a la Presidencia del Gobierno es más importante que facilitar la generación de cinco millones de empleos.
Porque no otra cosa están discutiendo entre bambalinas las centrales sindicales y la patronal: si España liberaliza y moderniza uno de los mercados de trabajo más rígidos y atrasados del mundo (según el Banco Mundial, nuestra legislación laboral es más inflexible que la de muchos países del Tercer Mundo, como Ghana o Malawi) o si, por el contrario, conserva, aun con cosméticos parches, el sistema responsable de que hayamos destruido más empleo que ningún otro país de la UE.
Lo esencial sería que de una vez por todas termináramos con esa invención propia del fascismo italiano que es la negociación colectiva. Si los salarios no se fijan mediante un acuerdo bilateral entre cada empresario y cada trabajador, lo normal es que terminen desvinculándose de la realidad económica, con las desastrosas consecuencias que hoy son dramáticamente evidentes en nuestro tejido productivo: miles de empresas quebradas y millones de trabajadores desempleados.
Todo indica, sin embargo, que del diálogo social sólo saldrá una farsa de reforma que, por supuesto, contará con el beneplácito del Gobierno. A los impostados representantes de trabajadores y empresarios no les interesa acabar con un sistema que les otorga un enorme poder sobre sus presuntos representados; y al PSOE no le interesa sacar adelante una legislación que sería tan beneficiosa para España en el largo plazo como perjudicial para sus expectativas electorales en el corto plazo.
De casta le viene al galgo: si los dirigentes socialistas sólo se alteran y se sublevan cuando pierden cotas de poder institucional y no cuando su Gobierno destruye tres millones de puestos de trabajo y lleva al país al borde de la bancarrota, no parece que ahora vayan a anteponer las necesidades de España a las de su partido. Claro que, en tal caso, la prioridad de los españoles pasará a ser forzosamente la de que el PSOE pierda toda cota de poder: sólo así los intereses de la ciudadanía podrán prevalecer sobre los de la casta.
Fuente: | Intereconomía | noticias
0 Comentarios
DEJA UN COMENTARIO