La gran patraña

 | Intereconomía

Desde hace un mes sabemos que el peor presidente de la democracia se va; desde ayer sabemos que deja una herencia envenenada: el ultraje a las casi mil víctimas del terrorismo y el atropello al Estado de derecho, al haber colado a los proetarras en las elecciones del 22 de mayo. Ese es el regalo con el que se despide. Si grave es el erial en el que ha convertido Zapatero la economía española, con la cifra dramática de los 5 millones de parados, mayor aún es el daño desde el punto de vista moral y de los principios democráticos que supone poner alfombra roja a los monosabios del terror para que accedan a los ayuntamientos (pueden obtener 60 alcaldes y 800 concejales) y sobre todo para que accedan al dinero (pueden lograr 400 millones de euros). La certeza, confirmada por el fallo del Tribunal Constitucional gracias a los jueces próximos al PSOE, de que esta cesión forma parte de una hoja de ruta perfectamente trazada hasta en sus menores detalles lleva a extraer una consecuencia demoledora para una democracia: la violencia es rentable; la presión de los cómplices del crimen es eficaz.

Basta repasar ese guión, esbozado por el PSOE antes incluso de llegar Zapatero al Gobierno, cuando comenzaron los primeros tanteos con ETA, y sus principales hitos: la tregua-trampa, el chivatazo del Faisán, las sagas/fugas de etarras perfectamente localizados, como Josu Ternera, De Juana Chaos y ahora Troitiño, la excarcelación de un hijo tan solícito como Usabiaga, el alto el fuego de ETA y finalmente la presión de los batasunos para llegar a las instituciones, como moneda de cambio con el zapaterismo. Especialmente ignominioso ha sido el papel jugado por el Tribunal Constitucional, prestándose a blanquear a los proetarras, en contra de contundentes y coincidentes criterios tanto policiales (Guardia Civil), como judiciales (Abogacía del Estado, Fiscalía) y sobre todo, en contra de un Tribunal Supremo, que impugnó a Bildu, y que ayer no ocultaba su indignación ante el fallo del TC. Los reproches formulados desde el Supremo, tal como publica hoy LA GACETA, no dejan lugar a dudas: califican de gravísimo que “un órgano político desacredite al Alto Tribunal”; dicen que su presidente, Pascual Sala, se ha retratado, y dan a entender que esta decisión del Constitucional es un disparo en la línea de flotación de la división de poderes. Esa misma idea la hemos sostenido en este medio reiteradas veces; pero que sean ahora fuentes del propio Tribunal Supremo quienes mencionen el enterramiento de Montesquieu, indica la gravedad del caso. Lo cual lleva a plantearse qué sentido tiene mantener a un órgano que se supone garante de la Constitución pero que, en la práctica, parece ser más bien garante de los proetarras. Como subrayábamos recientemente en estas mismas páginas, el Constitucional acumula un historial de sonoros atropellos contra el derecho (desde la cacicada de Rumasa hasta el espectáculo de partidismo que dio con el Estatut). Pero el blanqueamiento de Bildu, cediendo a las presiones del Gobierno, es la gota que colma el vaso.

Todos los ciudadanos españoles hemos sido agraviados por una decisión que implica cargarse uno de los principios sobre los que se asienta el Estado de derecho. Pero los grandes agraviados son, especialmente, las víctimas del terrorismo, que han convocado una manifestación para el 14 de mayo. Como decía ayer Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, “el Gobierno ha querido que (los filoetarras) estén”. Es lógico que se sientan estafados por el Gobierno y las instituciones, e incluso utilizados como moneda de cambio para el más repugnante de los trueques. Tanto la hoja de ruta que queda ahora al descubierto, con el objetivo logrado por los proetarras, como el comportamiento del Constitucional, les puede llevar a extraer una demoledora conclusión: que, en España, la ley de la fuerza termina imponiéndose a la fuerza de la ley.

Ante semejante ultraje, el PP debe hace explícita la ruptura de los pactos que mantiene con el PSE, si no quiere hacerse tonto útil –o, mejor dicho, inútil– de la legitimación de los proetarras. Debe salir de la ambigüedad y llamar al pan pan sin ambages. ¿A qué espera para romper después de lo que Mayor Oreja ha calificado como prueba del nueve: la presencia de Bildu en las instituciones?

Nada se puede esperar ya del cinismo de un Gobierno que ha tratado de engañar al electorado con un doble juego: cumplir, por un lado, el guión de la negociación con las presiones sobre el TC; y guardar las apariencias, por otro, al presentar los informes de la Abogacía y la Fiscalía que demuestran que ETA y Bildu son los mismos perros con distintos collares. Nada se puede esperar del cinismo de un ministro como Rubalcaba, que ayer garantizaba que el “Gobierno va a seguir aplicando la ley” y presumía de escrupuloso demócrata, diciendo que acataba la sentencia del TC: “Respetar el Estado de derecho significa respetarlo siempre”. ¡Y lo dice él! ¡El ministro del chivatazo del Faisán! Pero el PP aún está tiempo de fijar con claridad su postura, denunciar la mascarada del Gobierno y sus aliados filoetarras y apoyar a los grandes perdedores de esta afrentosa patraña: las víctimas.