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El debate sobre el desarrollo del sistema autonómico de organización del Estado ha sido monopolizado por las tensiones segregacionistas de las comunidades gobernadas por nacionalismos, dejando a un lado, o prestando menos interés, a otros procesos de división interna no menos importantes. Al mismo tiempo que España ha ido generando altos niveles de riqueza y bienestar para la gran mayoría de la sociedad —al menos, hasta la actual crisis—, también es cierto que las competencias autonómicas han acabado creando un Estado descompensado, con fronteras interiores, no marcadas en el mapa, pero reconocibles en múltiples áreas. Aparte de la hipertrofia legislativa causada por diecisiete parlamentos y gobiernos, o de las diferencias fiscales entre regiones con sistema foral y las que no lo tienen, incluso de estas entre sí; las desigualdades en el tratamiento a la familia, en la financiación de servicios públicos básicos (como sanidad o enseñanza) convierten la diversidad autonómica en fuente de agravios. El problema no radica en el propio sistema autonómico, previsto en la Constitución como un modelo de transferencia de competencias estatales con destino a unos entes políticos de ámbito regional. El problema se sitúa en la mutación de este principio autonómico de organización del Estado en una coartada para crear «microclimas» sociales, políticos, normativos, educativos y culturales, que acaban debilitando los lazos imprescindibles para que exista una única ciudadanía. El ejemplo de la ayuda pública a las familias, que recoge la información que hoy publica ABC, es paradigmático de esas desigualdades que comienzan en la cuna misma del español que nace en uno u otro lugar. Ayudas que, para la misma familia, son de cero euros en Aragón o de 2.898 al año en Cataluña.
Sería ilusorio pretender una uniformidad igualitarista en todo el territorio. Cada comunidad debe disponer de un margen para adaptar sus políticas fiscales y sociales a la realidad de sus ciudadanos. El reto es saber ejercer estos poderes singulares sin abandonar el interés general y nacional. Lamentablemente, ser español no tiene el mismo significado en toda España y, por ello, el problema afecta a institucionales del Estado, como el Gobierno y el Parlamento. La afirmación de que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones sólo tiene sentido en un Estado dispuesto a garantizar esa igualdad.
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"Lo que no te cuentan sobre el accidente nuclear en Japón."
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