Todos los partidos se unen para reducir las pensiones de los españoles un 5%

 - Libertad Digital
El sistema público de pensiones español está en quiebra. Es algo lógico, es un sistema piramidal similar al que construyó Bernard Madoff, con la diferencia de que en el caso de las prestaciones por jubilación el pago de la cuota es obligatorio (a través de los impuestos), mientras que el estafador neoyorkino sólo robaba a los que se acercaban a él voluntariamente.

Todos los partidos lo saben, pero no quieren reconocerlo por el coste político que tendría. Así, en vez de acometer una reforma integral (como han hecho otros países como Chile, Suecia o Nueva Zelanda), que proporcione tranquilidad a los españoles y les asegure un retiro próspero y tranquilo, van poniendo parches que sólo retrasan la solución definitiva. Su intención es que el sistema (al menos la fachada del mismo) no caiga nunca: simplemente, los españoles cada vez trabajaremos más años, cotizaremos más dinero y nos jubilaremos más tarde; y todo ello para tener "derecho" a una pensión cada vez menos digna.

Esta semana se reúne la Comisión del Pacto de Toledo, con el objetivo de poner otro de esos parches. En este caso, supone elevar la "base de cálculo de las pensiones de 15 a 20 años". El problema es que, por debajo de esta denominación técnica (base de cálculo) lo que se esconde es una rebaja pura y dura de las pensiones de un 5% de media.

Hasta ahora, para calcular cuánto cobraba cada jubilado, se tenían en cuenta sus últimos quince años de cotización. A partir de ahora, se ampliará a veinte años. Normalmente, los trabajadores cobran más según avanzan en su carrera laboral, por lo que un cambio así supondría una rebaja en las pensiones de una abrumadora mayoría de los españoles.

López i Chamosa: ¿Hay acuerdo o no?

La prueba del nueve de lo dañino que es este sistema de pensiones para los intereses de los españoles es el oscurantismo que recubre a todo lo que tiene que ver con el Pacto de Toledo. Los políticos de todos los partidos decidieron hace ya tiempo ocultar a la opinión pública el debate sobre sus prestaciones de jubilación. Así, acordaron reunirse en este foro, sin luz ni taquígrafos, para proponer reformas siempre "por consenso", de forma que puedan venderse como "necesarias" para el sostenimiento del sistema.

Este miércoles hemos tenido una nueva prueba (escuchar audio). Antes del comienzo de la reunión, Isabel López i Chamosa, la representante del PSOE en la Comisión, reconocía que ya había prácticamente "un acuerdo" para ampliar la base de cálculo de 15 a 20 años. Sin embargo, la misma diputada, a la salida y ante la avalancha de periodistas que la rodeaba, tenía que dar marcha atrás. Parece evidente que el resto de grupos presionaron para no tener que admitir ya que se ha llegado a un pacto, aunque todas sus declaraciones apuntan en la dirección de que, finalmente, habrá acuerdo.

Contradicciones habituales

Este tipo decontradicciones son habituales en todo lo que rodea al Pacto de Toledo. Los políticos saben que rebajar las pensiones tiene un fuerte coste electoral y buscan retrasar, embrollar y esconder lo máximo posible los cambios. En este momento hay dos propuestas encima de la mesa: ampliar la base de cálculo de 15 a 20 años y retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.

Es decir, que los españoles trabajarán más y cobrarán menos. Por mucho que traten de ocultarlo los políticos con declaraciones sobre la "sostenibilidad del sistema, la necesidad de hacer ajustes o la solidaridad", lo cierto es que el resumen es: más años en el curro y menos pensión en el banco.

Aunque López i Chamosa ha asegurado (tras ser regañada por sus compañeros) que "no hay acuerdo" sobre ninguno de los dos temas por ahora, sí que ha apuntado que "el objetivo de todos es llegar a un consenso". Respecto al plazo, ha apuntado a finales de este año como fecha para que el Pacto de Toledo tenga sus recomendaciones y principios de 2011 para que se apruebe la reforma en el Parlamento tras el proceso de diálogo "con los agentes sociales". Vamos, que no hay más que leer entre líneas para adivinar que los españoles comenzarán el año con un nuevo tijeretazo, en este caso sobre sus pensiones futuras.

Y los estudios, informes y declaraciones a largo plazo indican que la tendencia es a reducir cada vez más el importe de las pensiones (a través de la ampliación de la base de cálculo) y a obligar a ampliar los años trabajados.

La desfachatez: "No perjudica gravemente a nadie"

Pero todo lo demás queda casi pequeño cuando se escucha la justificación de la señora López i Chamosa para este expolio. Así, antes de entrar en la reunión, la representante del PSOE aseguró que "había consenso" sobre el tema porque una medida así se introduciría "poco a poco" y no "perjudicaría excesivamente a nadie".

Este tipo de frases rozan la desfachatez, puesto que a quien no va a perjudicar seguro es a ella o a sus compañeros del Pacto de Toledo. Los políticos españoles (en el Parlamento, en las cámaras autonómicas e, incluso, en muchos ayuntamientos) tienen planes de pensiones especiales pagados con el dinero de todos los ciudadanos.

Y sus privilegios no acaban ahí, según el reglamente de las Cortes, gozan de la llamada "pensión parlamentaria", que está prevista en el Reglamento de pensiones parlamentarias de fecha 11 de junio de 2006, que es la pensión que las Cortes Generales abonan con cargo a su presupuesto a quienes hayan sido miembros del Congreso de Diputados o del Senado durante al menos 7 años.

Esta pensión parlamentaria se creó para los supuestos en que los parlamentarios no alcanzaran el límite máximo de pensiones públicas. En esos casos las Cámaras abonarían la diferencia entre ese límite de pensión máxima y la pensión percibida por el diputado. En resumen, "las Cámaras [con el dinero de los contribuyentes] pagarán el dinero necesario hasta que el diputado alcance la base máxima de jubilación".

Es decir, que los políticos tienen derecho a la pensión máxima trabajando (y en el caso de muchos de los parlamentarios esto es una forma de hablar) siete años, mientras que el resto de los españoles tiene que cotizar 35 años. Es lógico que la señora López i Chamosa no sepa a quién perjudica el Pacto de Toledo: a ella, no.