Una de las eurodiputadas señaló que el asesinato a campesinos colombianos es una aberración, al indicar que personas inocentes son "cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos"
Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes tras una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
La delegación estuvo presente en una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, donde conocieron la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó que la delegación llegó hasta el cementerio para verificar el lugar donde se encuentran los cadáveres. Según cifras de la comunidad podrían ser unos dos mil muertos, mientras que el Gobierno colombiano asegura que son 450.
En la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.
En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Se presume que los cuerpos sean de víctimas que los hicieron pasar por subversivos caídos en combate y de acuerdo con testimonios de campesinos, se trata de cientos de asesinatos cometidos por el Ejército de Colombia.
La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó "que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo".
"No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros", enfatizó.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba condenó el hallazgo de la fosa común.
"Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.", manifestó la senadora.
Agregó que "cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática".
Pedro Gutiérrez, campesino exigió que "respeten nuevas vidas". Por su parte, Gerardo Borda contó como el Ejército colombiano asesinó a su hijo, " un año después apareció muerto en combate", dijo.
Otra campesina de nombre Luz Edilia Cabrera expresó que "estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra".
Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena.
Esta fosa se tratá de la más "grande de América Latina". Tatiana Pérez indicó que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados "falsos positivos", como lo señaló la eurodiputada Ana Gómez.
En el encuentro se rindió homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas, los habitantes denunciaron violación de derechos humanos, mientras la Cancillería colombiana insiste en negar la denuncia.
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.
La delegación estuvo presente en una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, donde conocieron la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.
La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó que la delegación llegó hasta el cementerio para verificar el lugar donde se encuentran los cadáveres. Según cifras de la comunidad podrían ser unos dos mil muertos, mientras que el Gobierno colombiano asegura que son 450.
En la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.
En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Se presume que los cuerpos sean de víctimas que los hicieron pasar por subversivos caídos en combate y de acuerdo con testimonios de campesinos, se trata de cientos de asesinatos cometidos por el Ejército de Colombia.
La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó "que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo".
"No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros", enfatizó.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba condenó el hallazgo de la fosa común.
"Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.", manifestó la senadora.
Agregó que "cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática".
Pedro Gutiérrez, campesino exigió que "respeten nuevas vidas". Por su parte, Gerardo Borda contó como el Ejército colombiano asesinó a su hijo, " un año después apareció muerto en combate", dijo.
Otra campesina de nombre Luz Edilia Cabrera expresó que "estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra".
Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para "luchar" contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena.
Esta fosa se tratá de la más "grande de América Latina". Tatiana Pérez indicó que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados "falsos positivos", como lo señaló la eurodiputada Ana Gómez.
En el encuentro se rindió homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas, los habitantes denunciaron violación de derechos humanos, mientras la Cancillería colombiana insiste en negar la denuncia.
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o "falsos positivos" dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.
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