Zapatero recula y enfría la subida de impuestos a los ricos

 - elConfidencial.com

La subida de impuestos a los mayores patrimonios del país tendrá que esperar. No será tan rápida como inicialmente se preveía. El Gobierno dice ahora que el incremento se hará “en el momento oportuno” y, en cualquier caso, “no de forma inminente”, como aseguró ayer la vicepresidenta Salgado.

La posibilidad de que el Gobierno estuviera ultimando la creación de un nuevo impuesto corrió ayer como la pólvora por las principales redacciones del país. Fundamentalmente después de que la número tres del PSOE, Leire Pajín, hablara de que el anuncio de la subida se haría de forma “inminente”. Nadie dentro de su partido la corrigió.

Apenas dos horas más tarde, medios cercanos a Moncloa dieron por buena esa versión y anunciaron que el Gobierno crearía un impuesto –similar al que existe en Francia- que gravaría patrimonios superiores a un millón de euros. Durante toda la tarde ningún portavoz del presidente ni los servicios de prensa del Ministerio de Economía desmintieron esas informaciones, y de ahí que hasta últimas horas de la tarde de ayer se diera como seguro que el Ejecutivo lanzaría la propuesta tras el consejo de ministros. Aunque la aprobara formalmente en una reunión posterior dada la complejidad técnica de la medida.

No fue así y la vicepresidenta Salgado lo justificó con un argumento. Ayer tocaba hablar de recorte de gastos y no de ingresos. “No hay ninguna noticia sobre ese tema”, dijo una y otra vez. “Si hubiéramos querido hablar de ingresos, lo hubiéramos hecho, pero hoy [por ayer] no tocaba”, aseguró Salgado.

Esto quiere decir que habrá subida de la presión fiscal en un futuro más o menos cercano para los patrimonios más altos, pero el ritmo político lo marcará Moncloa, que de esta manera frena las aspiraciones de muchos dirigentes socialistas, que en los últimos días no se han cansado de pedir a Zapatero una subida de la fiscalidad de los ricos para compensar políticamente el ‘tijeretazo’ al gasto social. Los sindicatos UGT y CCOO, igualmente, han reclamado al presidente el aumento de la fiscalidad de las rentas más altas.

Entre las posibilidades que se habían barajado estaba la posibilidad de recuperar el Impuesto del Patrimonio, suprimido tras cumplir Zapatero una promesa electoral del Partido Socialista. Esta posibilidad parece hoy descartada, entre otros motivos por razones técnicas. Este impuesto estaba transferido a las comunidades autónomas, por lo que en caso de recuperarse el Gobierno se vería obligado a negociar su reimplantación con las regiones. Algo que hoy por hoy se presenta extremadamente complicado.

La opción más simple –y que en principio no requeriría ninguna negociación con las comunidades autónomas- sería crear algo parecido al Impuesto de Solidaridad sobre las Fortunas, creado en 1982 en el primer gobierno Mitterand, pero que ha sido suavizado en numerosas ocasiones. Este impuesto grava los patrimonios (no las rentas) superiores a los 770.000 euros, utilizando para ello una escala de gravamen que oscila entre el 0,55% y el 1,8%. Francia recauda por este concepto poco más de 4.000 millones de euros, apenas el 1% de los ingresos totales.

233 contribuyentes con más de 30 millones de patrimonio

Si se trasladara este tributo al modelo español, su efecto en términos de recaudación sería muy similar. Según los datos de la Agencia Tributaria, únicamente 233 contribuyentes declararon en 2007 una base imponible superior a los 30.500.000 euros. Otros 3.732 declararon un patrimonio situado entre 6 millones y 30 millones de euros, mientras que 43.649 declararon poseer bienes por valor de más de 1,5 millones de euros y menos de seis millones. Estos colectivos, por lo tanto, serían los que soportarían el nuevo tributo en caso de que finalmente sea aprobado. Hacienda recaudó por este tributo el último año en que estuvo vigente 2.121 millones de euros.

Al margen de razones económicas, el Gobierno necesita hacer un guiño a su izquierda para lograr apoyos a los Presupuestos Generales del Estado, y de ahí que lo más razonable es que el Ejecutivo espere a septiembre para hacer su anuncio. De esta manera dejaría de ser acusado de actuar improvisando, una de las críticas que más daño le hacen.