GOBIERNO DE URIBE EL BASURERO DE CORRUPCION - NARCOTRAFICO - PARAMILITARISMO - ASESINATO A SINDICALISTAS - IGUALMENTE A PERIODISTAS.
! BUENO CLARO ! POR ALGO ES EL NUMERO 82 EN LA LISTA DE LOS NARCOTRAFICANTES DE EE.UU. CLARO ES SU PUPILO . ¿QUE OPINA UD.
El escándalo que surgió en Alemania y que denuncia posibles sobornos para obtener contratos militares en Colombia, parece la punta del iceberg de la voracidad de las multinacionales atraídas por los dividendos de la guerra.
El Capitan de Corbeta y abogado denunciante Marceliano Corrales dice haberse gastado $300 millones y 23 años de su vida para demostrar que fue retirado injustamente de la Armada luego de que empezara a denunciar que altos oficiales de la institución recibieron dineros de parte de Ferrostaal AG.
El periodista Nelson Freddy Padilla preparó un completo y sorprendente trabajo que publica este domingo el diario "El Espectador" de Colombia.
La noticia sucedió en Bogotá el 7 de abril, a las 2:30 de la tarde, en el quinto piso del complejo judicial de Paloquemao. Fue una audiencia de ratificación de denuncia contra el Ministerio de Defensa, la Armada Nacional y la firma alemana Ferrostaal. Y no fue producto del escándalo que se armó el fin de semana pasado, luego de que la prestigiosa revista Der Spiegel denunciara una posible cadena internacional de sobornos que implica a las aliadas firmas alemanas Fassner y Ferrostaal y que incluye un capítulo colombiano abierto a raíz de la compra de dos buques de vigilancia oceánica para la Armada. Las dos multinacionales y las entidades oficiales señaladas reconocieron la existencia de comisiones, pero negaron actos de corrupción en el proceso de licitación y adjudicación de contratos.
Ante el show mediático, el Ministro de Defensa, el Fiscal General, el Procurador General y el Contralor General anunciaron que investigarán el caso. Sin embargo, lo que el oficial (r) Marceliano Corrales Larrarte acudió a ratificar ante el fiscal 203 es que la historia de irregularidades en la contratación del Estado con Ferrostaal, por lo menos la que él tiene documentada, se inició a partir de los contratos que en mayo de 1980 y agosto de 1982 firmó el presidente Julio César Turbay Ayala con Ferrostaal y la Howaldts Werke Deutshe Werft Aktiengesellschaft Hamburg Und (HDM) para adquirir cuatro corbetas misileras y dos helicópteros navales por 444 millones de marcos alemanes, dentro del llamado Plan Neptuno.
Como capitán de corbeta, además de odontólogo cirujano, Corrales era el jefe de Sanidad de la Armada Nacional y trabajaba en la dotación de un dispensario en el centro de Bogotá cuando altos oficiales de la institución le pidieron que recibiera equipos supuestamente adquiridos con dineros provenientes de una cuenta secreta internacional, abierta a raíz de la compra de las corbetas. Se negó y empezó a denunciar los hechos desde mediados de 1987, primero ante sus superiores y, como no fue oído, ante la justicia en todos sus niveles, tarea en la que completa 23 años sin que el caso haya sido investigado a fondo.
Por eso el miércoles puso a disposición de ese despacho y de la Comisión de Fiscales de la Unidad Anticorrupción que el fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, constituyó tras la publicación de Der Spiegel, un expediente de 5.000 folios que contiene los contratos y las investigaciones que siempre han sido archivadas o precluidas a pesar de las posibles evidencias que contienen.
El Espectador tuvo acceso al complejo sumario, que se abre con el Plan Neptuno, en 1980, y se cierra, por ahora, con el Plan Orión, en 2010, el actual programa de modernización de naves de guerra de la Armada Nacional.
La pregunta siempre ha sido la misma: ¿Hubo posibles sobornos de parte de Ferrostaal o de las compañías que representa en Colombia para obtener multimillonarios contratos con el sector Defensa? Y la respuesta ha sido: No hay pruebas ni tampoco condenas. Folio a folio, ministros de Defensa, ex comandantes de la Armada, todo tipo de oficiales y representantes legales de Ferrostaal son cuestionados por Corrales, pero nunca ha recaído sobre ellos responsabilidad civil o penal alguna.
Los funcionarios siempre han dado la misma explicación: “todo se ajustó a las normas legales vigentes”, “no hay sentencia alguna contra el consorcio en cuestión”. Esta semana la frase la repitieron los voceros del Ministerio de Defensa que reconocieron que en los contratos de los buques denunciados por la revista alemana sí hubo una comisión del 3 por ciento para Ferrostaal, equivalente a 855 mil euros o a unos 1.100 millones de pesos, pero rechazaron la versión de Der Spiegel según la cual “tomadores de decisiones” en el Ministerio y en la Armada recibieron dádivas. Incluso destacaron que ahora en los contratos se firma una cláusula anticorrupción y se deja en claro el porcentaje de comisión “por marketing y representación”. Por su parte, los voceros de Ferrostaal y Fassmer insistieron en que cumplen las normas y no han participado de acto de corrupción alguno (ver respuestas de Ferrostaal a este diario).
Sin embargo, el margen de duda es grande, como se sustenta a continuación. Aunque la Fiscalía 203 no ha vinculado formalmente al proceso ni a Ferrostaal ni a funcionarios del Ministerio, el principal interrogante que surge de la lectura del expediente reactivado el año pasado y en investigación preliminar es por qué habiendo tantos lunares en los contratos de Ferrostaal desde 1980, el Ministerio de Defensa admite a esa compañía como una activa participante de licitaciones.
Mientras la copia de los contratos que tienen que ver con el Plan Orión le fue negada al capitán Corrales por el Ministerio el 5 de noviembre de 2009, porque estarían cobijados por la reserva, teniendo en cuenta que se trata de temas de Defensa y Seguridad Nacional, el ministro Gabriel Silva anunció su respaldo a los organismos de control.
Lo que no se sabía es que desde el año pasado, por insistencia de Corrales, debido a que algunos de los documentos fueron declarados extraviados, como ocurre desde 2001, esa cartera ya había compulsado copias a la Fiscalía para que se investigara el antiguo Plan Neptuno. Aquí se acusa a Ferrostaal de haber incumplido los compromisos de asistencia técnica y de pagar sólo una parte de las multas que debía, dejando un faltante de 13 millones y medio de marcos alemanes. En total, dice el denunciante, la multinacional adeudaría 21 millones de euros.
Hay registros de mensajes de télex en los que Ferrostaal reporta la consignación de millones de marcos en tres cuentas personales de almirantes, conocidas como el Fondo Operacional. Esta versión es desmentida por la dirigencia de la Armada en servicio.
También se señala a diversos funcionarios del Ministerio de Defensa por el delito de prevaricato por omisión, ya que nunca le cobraron a Ferrostaal la deuda ni la obligaron a mantener la asistencia técnica y, por el contrario, le permitieron participar en el concurso para la modernización de las corbetas, hoy convertidas en fragatas. En algunos fallos judiciales este caso es declarado como precluido y en otros como cosa juzgada, pero a ojos del propio Ministerio y del denunciante Corrales sigue vigente, porque el contrato de las corbetas nunca ha sido liquidado y los aparatos siguen en servicio. Además, los casos de defraudación de dineros públicos no prescriben.
Las denuncias contra el Plan Orión fueron hechas ante la Fiscalía y la Contraloría entre 2008 y 2009 y van en la misma línea denunciada en Alemania. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa reportó que Ferrostaal sí fue oferente de un contrato por 69 millones de euros para el mantenimiento de los submarinos oceánicos de la Armada, firmado en diciembre de 2008, pero que fue HDW (aliada de la primera) la que se quedó con el negocio, calificado luego del auditaje como “ajustado a la ley”.
Hace una salvedad: durante una visita del 2 al 6 de marzo de 2009 a Cartagena se comprobó que “aún no se había iniciado la ejecución”. Conceptuó la Contraloría: “Las contrataciones celebradas entre Ferrostaal y HDM, que hacen parte de la denuncia, constituyen hechos conocidos con anterioridad por la Contraloría General, sobre los cuales se adelantaron las investigaciones fiscales correspondientes que concluyeron en autos inhibitorios”.
El oficio no da cuenta de las contradicciones en que ha incurrido ese ente fiscal a lo largo de diez años. Los investigadores que encontraron mérito suficiente para abrir juicios fiscales terminaron borrados por otros empeñados en que el caso no prosperara.
Los antecedentes
Los registros documentales conocidos por El Espectador muestran que gracias a su experiencia y al músculo financiero internacional de Ferrostaal, respaldado por firmas como la suiza Investment Holding GMHB y la panameña Ferragent and Trading Corporation, su presencia en el Ministerio de Defensa ha sido permanente, multimillonaria y ligada a problemas, en especial durante la última década. La auditoría hecha por la Contraloría General al Comando de la Armada sobre la gestión del año 2000 evidenció que “adquirió a Ferrostaal dos sistemas para la Dirección de Inteligencia, con iguales especificaciones técnicas, pero con precios unitarios diferentes; con el contrato 141 de 2000 a $194 millones y con el contrato 154 de 2000 a $328 millones cada una, lo que evidencia posible sobrecosto en la compra de dichos bienes”.
También en 2000, el Ministerio y la Armada le pagaron a Ferrostaal AG 7,3 millones de dólares por la entrega, montaje y mantenimiento de dos baterías principales para submarinos oceánicos tipo 209. Irregularidades: los certificados de disponibilidad presupuestal por mil y cuatro mil millones de pesos “presentan un concepto diferente al expedido por el jefe de Presupuesto de la Armada”. Luego los bienes fueron suministrados “sin que se realizaran los informes de supervisión correspondientes, situación que refleja la falta de control por parte de la Armada Nacional”.
La versión de Santos
Otro contrato por $3.527 millones, el 015, también se firmó ese año “sin comparar precios de mercado y aceptó el valor ofrecido por el contratista”. Violación: La Ley 80 de contratación prohíbe que el ofertante fije los precios de los bienes. Para rematar, las facturas no concuerdan, los elementos no ingresaron a almacén y se detectó un sobrecosto de 1.273 millones de pesos. Sin embargo, en los documentos militares se dio cuenta de un inusual acto de generosidad: “por pronto pago, la firma Ferrostaal de Colombia concedió un descuento de $400 millones por la financiación en que se dejó de incurrir”. La Contraloría pidió la reliquidación del contrato y el reembolso por parte del contratista de los recursos que cobró de más. En eso quedó.
Otra perla: un acta del 19 de agosto de 2004 da cuenta de una reunión del Comité Técnico Superior de Saneamiento Contable en la que participaron el actual comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, y el entonces viceministro de Defensa Andrés Peñate. El caso 68 advierte que se hizo un anticipo a esa firma por 48 millones de pesos, como parte del contrato 083, “no legalizados en la contabilidad del Comando del Ejército”, por lo que entró a hacer parte de los “bienes y derechos en investigación”.
Los posibles favorecimientos son una insinuación constante en los informes de auditoría de la Contraloría General de la República. Para citar un caso, la practicada al Comando de la Armada Nacional sobre su gestión en 2001 demostró sobre el contrato 01 del año anterior, suscrito con Ferrostaal de Colombia Ltda. por 555 mil dólares para la adquisición de equipos de vigilancia costera, que éstos “fueron facturados y despachados el 3 de noviembre, un mes antes de la firma del contrato”.
Tampoco había registro presupuestal y sólo se expidió el 12 de diciembre de 2000, por lo que “se presentó una legalización de hechos cumplidos”. ¿Qué se violó? El Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación de la Administración Pública y el Estatuto Aduanero. Y todo siguió igual: Como MAN Ferrostaal de Colombia S.A., en 2003 firmó con la Armada otro contrato de suministros, el 128 por valor de 300 millones de pesos, para repuestos de sistemas de vigilancia costera en el Caribe y en el Pacífico.
En 2006 participó en la licitación convocada por la Dirección General Marítima para el mantenimiento de una ecosonda de aguas para embarcaciones de la Armada por valor de 91 millones de pesos. Para este mismo tipo de servicio, tres ecosondas del buque ARC Providencia y ARC Quindío, firmó un contrato con el Fondo Rotatorio de la Armada por 840.500 dólares.
En resumen, como Ferrostaal nunca ha sido sancionada, año por año ha ampliado su participación en todo tipo de negocios, en especial el de la energía, en el que desde 2004 se constituyó en socio de Isagen en el Amazonas. En cuanto a licitaciones, al cierre de 2009 había diversificado sus contratos hacia sectores como la rehabilitación de embalses en Cundinamarca, reparación de bombas de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja por 2.000 millones de pesos y hasta suministro de planchas para la Imprenta Nacional. El expediente está en manos de la Fiscalía. ¿Será archivado una vez más?
Historia y perfil de la multinacional
Según los registros de Cámara de Comercio, Ferrostaal de Colombia Ltda. fue constituida por escritura pública 3345 del 2 de diciembre de 1955 en la Notaría Sexta de Bogotá, ya como representante de Ferrostaal AG de Essen, en el norte de Alemania, y de Howaldts Werke Deutshe Werft Aktiengesellschaft Hamburg Und (HDM), de la ciudad de Kiel. Según su portal de internet, Ferrostaal es una multinacional con presencia en 60 países y 5.700 empleados en distintos sectores, desde la construcción de barcos de guerra y plantas industriales, hasta la energía solar, el reciclaje y la tecnología medioambiental. En 2008 registró ventas por 1.600 millones de euros. Aunque la matriz es alemana, el 70% de las acciones de Ferrostaal AG pertenecen a International Petroleum Investment Company de Abu Dabi y el 30% es de MAN AG de Múnich. Ferrostaal patrocina el club de fútbol Manchester City, de la Premier League de Inglaterra. Según sus informes anuales, mantienen el control del cien por ciento de su filial en Colombia, con utilidades de 1.223 millones de pesos en 2007 y 2.050 millones en 2008. En Bogotá despacha desde una oficina del quinto piso del edificio World Business Port, en el centro empresarial de Ciudad Salitre. Dice que en 55 años en Colombia ha promovido la inversión, el empleo, el desarrollo tecnológico e incluso la formación de estudiantes en Alemania a través de las becas Cala.
Las explicaciones de la empresa alemana
Esto respondió Ferrostaal Colombia a El Espectador:
“1. No tenemos conocimiento de que la Fiscalía actualmente se encuentre investigando tema alguno relacionado con las corbetas. La información que conocemos sobre el particular y sobre investigaciones adelantadas no sólo por la Fiscalía sino por las demás autoridades competentes en relación con las corbetas, es originada en peticiones realizadas por el señor Marceliano Corrales, a quien la Armada lo llamó a calificar servicios. Es de resaltar que en razón a la gran cantidad de acciones interpuestas, el Consejo de Estado lo sancionó por abuso del derecho.
2. Es de aclarar que el contrato celebrado hace más de treinta años fue suscrito entre Ferrostaal AG de Alemania (no Ferrostaal de Colombia) y el Ministerio de Defensa, y por ello Ferrostaal de Colombia no tiene conocimiento de que el contrato no haya sido liquidado. El hecho de que las embarcaciones continúen en servicio, no significa de modo alguno que el contrato continúe vigente.
3. Ferrostaal AG reconoció incumplimiento parcial de algunas especificaciones técnicas, y canceló el valor total de las multas correspondientes.
4. Ferrostaal AG canceló el valor total de las multas correspondientes ante el Ministerio de Defensa. No le debe suma alguna de dinero.
5. Ferrostaal AG siempre ha cumplido su obligación de prestar servicio de asesoría técnica de acuerdo con sus compromisos contractuales. No existe ningún tipo de inhabilidad o impedimento para participar en la modernización y repotenciación de las fragatas.
6. Existe una relación de carácter comercial en la cual Ferrostaal de Colombia es el agente comercial de Fassmer para Colombia y ejerce la representación exclusiva dentro del territorio colombiano, como en el caso de HDW y Atlas”.
Un caso de archivos, preclusiones e inhibitorios
FISCALÍA GENERAL: 1.- Proceso UI-045; Fiscal Delegado: Carlos Mejía Escobar. Decisión: Preclusión, fecha: 23 de Enero de 1995. 2.- Investigación previa 2976; decisión inhibitoria. Fecha: Sep 9/98. Fiscal: Alfonso Gómez Méndez. 3.- Proceso: 5213; Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio; fecha de preclusión: 15 Nov/2001. Corrales interpone tutela ante la Corte Suprema de Justicia, denegándose la acción de amparo, mediante Acta No. 50 de Mayo 7/2002. CONTRALORÍA GENERAL: 1.- Año 2000; proceso DIJF-155. Mediante providencia de junio 4 de 2001, ordena el archivo de la investigación por prescripción. Corrales interpone tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, denegada por improcedente, con fallo de Febrero 27 de 2002. PROCURADURÍA GENERAL: Proceso REI-0110/89; decisión Resolución Inhibitoria de Sep/25 de 1992, delegada para el presupuesto. Decisión inhibitoria (radicado 028-119409), marzo 16/93, delegada para el Presupuesto. Acciones Populares Denegadas: 1.- Junio 14 de 2002; Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2.- Marzo 13/2003; Consejo de Estado.
Contratos que serían investigados en la Fiscalía
Plan Neptuno: Contrato firmado en mayo de 1980 entre Colombia y las firmas alemanas Ferrostaal AG y HDM para la compra de cuatro corbetas y dos helicópteros navales por 444 millones de marcos.
Programa Orión: Diciembre de 2007 contrato entre el Ministerio de Defensa y Cotecmar para la construcción, en Cartagena, de un Buque Patrullero de Zona Económica Exclusiva, tipo OPV. Febrero de 2008: “Proceso de invitación cerrada internacional” para “licenciamiento del diseño, asistencia técnica y suministro de partes, equipos y materiales”, para la construcción del buque OPV, firmado con Fassmer GMHB.
2007-2008: “Estudio de mercado internacional para la repotenciación de los submarinos oceánicos”, otorgado a la empresa alemana HDW MDFI.
2009: Contratación directa para el diseño, construcción y dotación de una patrullera de costa CPV, suscrito también por el Ministerio de De fensa con Fassmer.
El Contralor General ya conocía el caso
Esta semana el contralor general, Julio César Turbay Quintero, anunció la conformación de un Grupo de Reacción Inmediata para investigar las denuncias sobre el presunto pago de comisiones en la contratación de equipos y tecnología alemana por parte de la Armada Nacional y la empresa Cotecmar.
Expertos investigadores de las contralorías delegadas de Investigaciones y Juicios Fiscales y la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad se ocuparán de las averiguaciones. El capitán Corrales le había enviado a Turbay desde el año pasado un extenso documento en el que le advertía la magnitud del caso.
El Procurador y una tutela
El procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo que investigará las responsabilidades de los funcionarios públicos en el caso Ferrostaal, pero cuando ejercía como magistrado del Consejo de Estado rechazó una tutela del capitán de corbeta Marceliano Corrales que pretendía que la justicia contenciosa declarara que el patrimonio de la Nación fue afectado por las irregularidades del Plan Neptuno.
El perfil del capitán de corbeta (r) y abogado denunciante
Marceliano Corrales dice haberse gastado $300 millones y 23 años de su vida para demostrar que fue retirado injustamente de la Armada luego de que empezara a denunciar que altos oficiales de la institución recibieron dineros de parte de Ferrostaal AG. Quienes son acusados por él, lo califican de loco y cazarrecompensas, porque según la ley tendría derecho al 15 por ciento de los dineros que recupere el Estado por sus denuncias. Corrales sostiene que sus enemigos le “armaron un expediente disciplinario y después demostré que era falso”, que es falso que lo hayan sancionado por abuso de justicia y que en el Consejo de Estado todavía se tramita una acción popular suya en pro del derecho colectivo a la moralidad administrativa por el caso Ferrostaal. Allí renunció a recibir cualquier tipo de dinero que por ley le llegaran a otorgar. “Pese a las innumerables acciones, denuncias y proceso adelantados por el actor, no encontró el a quo una conducta temeraria en su actuación”, le reconoció la justicia contencioso administrativa. “Lo que me mueve a perseverar en este caso es una cuestión de principios, porque desde la cuna y en la Escuela Naval me enseñaron que uno tiene que ser correcto y la Armada debe ser modelo de transparencia”.
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