La pobreza un "Crimen" que se paga con la Muerte - Parte 1
La pobreza un "Crimen" que se paga con la Muerte - Parte 2
Según la Comisión Colombiana de Juristas, solamente en el período comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008 se registró que por lo menos 1.492 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. De ellas, 182 fueron desaparecidas forzadamente. En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (923 víctimas), el 82,01% de los casos se atribuyeron a la responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 32,06% (296 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 49,94% (461 víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la autoría del 17,98% de los casos (166 víctimas). La Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos reportó 535 casos de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública entre enero 1 de 2007 y junio 30 de 2008, es decir, un caso por día.
A estas alturas, marzo de 2010, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, reportan que ya son más de 2.200 (dos mil doscientos) los casos identificados en los dos últimos años. Y el número no deja de aumentar....
Pese al escándalo inicial, que llevó a la destitución de 40 militares, entre ellos 3 generales, y la dimisión del comandante del Ejército, Mario Montoya (actual embajador de Colombia en República Dominicana, recientemente señalado por haber rescibido dinero y regalos de los jefes paramilitares a cambio de su colaboración con las estructuras del narco-paramilitarismo), la impunidad ha sido la norma: El 7 de enero de 2010 fueron puestos en libertad 17 militares, el 12 de enero otros 6 militares y el 13 de enero quedaron en libertad el coronel Gabriel Rincón Amado y otros seis uniformados. Es decir, de los 47 militares detenidos por desaparición forzada agravada, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, por reclutar mediante engaños y asesinar a los jóvenes de Soacha reportados como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Santander, han sido puestos en libertad 31, alegando vencimiento de términos de los plazos legales para su procesamiento.
No son solamente las organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, las que han hecho la denuncia. Desde la propia institucionalidad del Estado colombiano, allí donde no ha podido ser corroido por el cartel narco-paramilitar, se han elevado voces de consternación. La Personería de Bogotá declaró en un comunicado tras conocerse el caso de la desaparición y asesinato de Alexander Quirama (ciudadano de 31 años que tenía una enfermedad mental) y de Nolbeiro Muñoz (obrero de la construcción de 23 años), quienes fueron vistos por última vez abordando una camioneta y fueron presentados como muertos en supuestos "enfrentamientos militares" con la fuerza pública:
"Este nuevo caso engrosa la ya larga lista de desapariciones y asesinatos conocidos en los últimos meses por la opinión pública. Muestra un patrón evidente de ejecuciones extrajudiciales, limpieza social e involucramiento y victimización de la población civil en el conflicto armado interno por parte de agentes corruptos de Estado, en connivencia con grupos al margen de la ley".
Este 14 de marzo, en que las imágenes de los electores colombianos depositando su voto en las urnas será aprovechada por el cartel mediático internacional para validar "la normalidad democrática" en Colombia, nos ha parecido que ver el documental de Felipe Zuleta permite situarse, mucho mejor que cualquier noticiero, en la realidad de un país en el que el Estado le ha declarado la guerra a la población, en la realidad de "esa democracia genocida" (en palabras del imprescindible Javier Giraldo) que tantos elogios ha suscitado en los gobiernos españoles, del PP o del PSOE, y que tan buen negocio viene siendo para Repsol, Telefónica, Unión Fenosa, Gas Natural, Aguas de Barcelona, PRISA, Grupo Planeta... ¿les suena? Es más, las recompensas ofrecidas por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez por cada "guerrillero abatido en combate" (y ahora entendemos lo que esto significa) se han pagado en parte con fondos de la cooperación española de "ayuda al desarrollo", algo que debiera empezar a incomodarnos un poco más, y a exigir, superada la náusea inicial, a nuestro infame Moratinos que si tiene que seguir colaborando con el genocidio del pueblo colombiano para proteger los intereses del capital "español", al menos que se abstenga de insultar nuestra inteligencia. Sabemos lo que están haciendo en Colombia, y pasarán a la historia como colaboradores del régimen más siniestro y criminal de América Latina en los últimos 30 años.
(1).- Sobre la lucha de las Madres de Soacha contra la impunidad y la persecución que padecen, ver: http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2010_1/mamitas-soacha.html
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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