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Amanece el día en el Estado Español con una noticia bomba: uno de los súper jueces de la Audiencia Nacional “acusa” al gobierno Venezolano de cooperar en la colaboración entre ETA y las FARC.
La prensa capitalista española, alborozada, recoge rápidamente la información en todas y cada una de sus redacciones de noticias, en radio, prensa y televisión. El murmullo de la Brunete mediática se extiende como la pólvora y a media tarde no queda un solo “español-de-bien” que no sea conocedor de la buena nueva. El “Todo es ETA” salta el océano y llega hasta Venezuela.
Los titulares de los medios capitalistas españoles son de lo más variopinto:
El juez Velasco denuncia que el Gobierno de Chávez colaboró con ETA y las FARC (ABC)
La Audiencia acusa a Venezuela de 'cooperar' con ETA y las FARC (El Mundo)
La Audiencia acusa a Chávez de «cooperar» con ETA y las FARC (La Razón)
El juez denuncia que el chavismo cooperó en la entente ETA-FARC (El Periódico)
La A. Nacional acusa a Venezuela de "cooperar" con ETA y las FARC (La Vanguardia)
La Audiencia acusa a Venezuela de colaborar con ETA y las FARC (Cadena Ser)
El juez Velasco acusa a Venezuela de "cooperar" en la alianza entre ETA y las FARC (TVE)
La Audiencia acusa a Chávez de cooperar con ETA y las FARC (La sexta)
La Audiencia Nacional acusa a Venezuela de 'cooperar' con ETA y las FARC (Antena 3)
De lo más variopinto por lo monotemático, queríamos decir. Todo se puede reducir a una misma frase:
El Juez Velasco, de la Audiencia Nacional, acusa o denuncia la colaboración de Venezuela, el gobierno venezolano, Chávez o el chavismo con ETA y las FARC.
Sin embargo, a pesar de lo monotemático de los titulares, nos encontramos ante una flagrante perversión del lenguaje, que, como de costumbre, no tiene otra intención que la de manipular la información, creando en el lector, oyente y/o espectador un estado de opinión en contra del gobierno venezolano y su presidente Hugo Chávez. Ni más ni menos que una nueva vuelta de tuerca en la continua campaña de acoso y derribo que todos y cada uno de estos medios, sin excepción, vienen realizando en contra del gobierno venezolano desde que Hugo Chávez asumiese el poder de la República sudamericana. Esta vez jugando además con el viento a favor, pues de sobra es conocido el estado de shock en el que todo “español-de-bien” entra una vez lee o escucha la palabra ETA por medio de cualquier tema.
La realidad, en cambio, es bien diferente y bastante sencilla: un juez que escribe un auto no puede acusar ni denunciar nada, salvo que lo esté haciendo acorde al ordenamiento jurídico que debe representar, lo que implicaría que esa acusación o esa denuncia en dicho auto fuesen acompañadas por la correspondiente apertura de un proceso judicial en contra de la persona o las personas responsables legalmente de la institución acusada o denunciada. No es el caso.
La acusación o imputación es el cargo que se formula ante autoridad competente contra persona o personas determinadas, por considerarlas responsables de un delito o falta, con el objeto de que se le aplique la sanción prevista. Pero en ningún momento vemos que Hugo Chávez, el gobierno venezolano, Venezuela o el chavismo aparezcan en el auto del Juez Velasco como acusados de absolutamente ningún delito o falta, ni existe para ellos petición de sanción alguna. No hay acusación ninguna. De hecho, en el auto aparecen acusaciones legales en contra de doce personas diferentes, ninguna de ellas es Hugo Chávez, ni como ciudadano venezolano, ni como Jefe del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, ni como máximo representante del gobierno venezolano, ni de ninguna otra manera.
Así mismo, la denuncia, en Derecho procesal y administrativo, es la puesta en conocimiento de la perpetración de un hecho constitutivo de delito o infracción administrativa ante la autoridad competente, ya sea ésta el juez, el funcionario del ministerio público, policía u otro funcionario público competente. Sin embargo, como es obvio, el Juez Velasco no necesita denunciarse ante sí mismo la supuesta colaboración de Hugo Chávez, Venezuela, el gobierno venezolano o el chavismo con ETA o las FARC, simplemente tendría que formalizar una acusación al respecto a través del mismo auto e iniciar así el procesamiento judicial contra el acusado, que, como hemos dicho, no se ha hecho en ningún momento en el auto en cuestión. Tampoco hay constancia de que el Juez Velasco haya iniciado el procedimiento de denuncia contra alguno de los arriba mencionados a través del funcionario del ministerio público, la policía u otro funcionario público competente. Sería de chiste que así lo hiciese siendo él un juez competente para formalizar acusaciones. No hay denuncia ninguna.
Lo que sí hay en el auto son un par de citas en las cuales el Juez Velasco dice literalmente:
(pag. 24) “Deberá librase copia del presente auto y remitirse al Ministerio de Exteriores y al Ministerio del Interior con el objeto de que practiquen gestiones pertinentes ante la Autoridad Cubana, y en especial también ante la Venezolana, para que cooperen en la entrega extradicional de alguno de los procesados, pues obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA y en especial en el caso de Arturo Cubillas Fontan dado que se encuentra en la actualidad en aquel territorio, habiéndose casado en 1990 con la venezolana Goizeder Odriozola Lataillade (quien ha ostentado cargos públicos en el gobierno de Venezuela desde que en febrero de 1999 Hugo Chávez accedió a su presidencia) y donde en octubre de 2005 fue nombrado director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela” (pag. 26) “Líbrese copia del presente auto y remitase al Ministerio de Exteriores y al Ministerio del Interior con el objeto de que practiquen gestiones pertinentes ante la Autoridad Cubana, y en especial también ante la Venezolana, para que cooperen en la entrega extradicional de alguno de los procesados, pues obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA y en especial en el caso de Arturo Cubillas Fontan, que tiene o ha tenido cargo público en ese país”.
Es decir, no existe acusación alguna, no existe denuncia alguna, lo que existe es una petición al ministerio de Exteriores y al ministerio del Interior para que inicien los contactos con las autoridades cubanas y venezolanas, y así poder iniciar los procesos de extradición de aquellos acusados y procesados en el auto que actualmente se cree que residen en dichos países, una petición rematada de manera absolutamente infundada por una opinión personal del Juez español, una opinión en la cual habla sobre una supuesta cooperación del gobierno venezolano para que se llevasen a cabo los contactos entre ETA y las FARC.
Es decir, todo lo que tenemos es una opinión personal de un Juez, vertida en un auto procesal, cierto, pero sin absolutamente ninguna consecuencia judicial, más allá de lógico impacto que una opinión de este tipo vertida en un documento de semejante calibre puede generar en quien tenga a bien leer el auto. Nada más. La prensa española simplemente pervierte el lenguaje y manipula descaradamente al hablar de que el Juez Velasco ha acusado o ha denunciado a Hugo Chávez, el gobierno de Venezuela o a la propia Venezuela de absolutamente nada. Todos esos titulares son falsos, y la opinión consecuenten a la que inducen al lector, una mentira, que por más que la repitan mil veces después los lectores, no dejará de serlo.
II
Además, leyendo el auto, uno se da cuenta rápidamente que es absolutamente normal que tal opinión no tenga consecuencia judicial alguna, pues una rápida lectura del auto pone en evidencia que no existe prueba, argumento o fundamentación alguna que pueda servir para proceder a levantar una acusación contra Hugo Chávez, Venezuela o el gobierno venezolano por haber sido participes de esos mismos actos delictivos recogidos en el auto de los que sí acusa a un total de doce personas. Ni una sola.
El único vínculo existente entre los acusados y el Gobierno de Hugo Chávez, es que uno de ellos, el vasco Arturo Cubillas Fontan, señalado además como máximo responsable de ETA en Venezuela, ha ocupado algún cargo público en el país. Se menciona también que la mujer de éste ocupa cargos públicos en el país, pero la mujer no está acusada de nada en el auto. Arturo Cubillas, actualmente con la nacionalidad venezolana (lo cual imposibilita su extradición a España según dicta la Constitución venezolana) reside en este país desde el mes de mayo de 1989, producto de los acuerdos alcanzados por los entonces presidentes de ambos países, Carlos Andrés Pérez y Felipe González, pero de eso no menciona nada el Juez Estrella tampoco.
Así pues, toda la supuesta “colaboración gubernamental venezolana” con ETA y las FARC, se limita a que uno de los acusados a título individual en el auto ha ocupado en algún momento un cargo público en el país, un cargo además de importancia bastante limitada. Un acusado además que reside en Venezuela en virtud de un acuerdo entre el máximo responsable del gobierno de los GAL y el máximo responsable del gobierno del “Caracazo”.
Es decir, lo que hace el señor Velasco es como afirmar que si alguno de los actuales responsables de algún cargo menor del gobierno de España, cualquier subsecretaría de Estado por ahí perdida por ejemplo, comete un delito de pederastia, o forma parte de una red internacional de blanqueo de capitales o de venta ilegal de armas, esto lleva a concluir que existe cooperación gubernamental española con la pederastia, el blanqueo internacional de capitales o la venta ilegal de armas. O como si mañana se descubre que un antiguo nazi refugiado en un país determinado, llegó en algún momento a ocupar algún puesto de responsabilidad pública en el país (en América Latina se han denunciado varios casos), ese país automáticamente “colabora con el régimen nazi”. Así razona el Juez Velasco, un Juez que accedió a la Audiencia Nacional en junio de 2008, nombrado a propuesta de la anterior Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una Comisión que tenía mayoría claramente conservadora, y que entre otros datos fue director de Justicia de los dos gobiernos de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana.
Normal, pues, que el señor Velasco no pueda formalizar acusación alguna contra Hugo Chávez o cualquier otro miembro legalmente responsable de las actuaciones del gobierno venezolano. Es todo una patraña mediática que probablemente alguien le habrá señalado con el dedo al juez para que la introduzca con pinzas en el auto. La campaña española de acoso y derribo mediático contra Hugo Chávez y su gobierno ya no se limita simplemente a la prensa, ahora también tiene un aliado en la propia Audiencia Nacional española. Increíble pero cierto.
Aunque lo de la prensa es todavía peor, porque si ante una opinión así vertida por un juez en un auto actuara de manera similar a como lo ha hecho en este caso, estaría extendiendo este razonamiento hasta el propio Zapatero, al conjunto del gobierno español, al zapaterismo en global y hasta a España en general. Con lo que por el supuesto delito de una persona, el presidente de gobierno, el gobierno entero, todos y cada uno de los seguidores de zapatero y España en general serían pederastas, blanqueadores de dinero o vendedores ilegales de armas. Así está el patio.
III
Para colmo, muchas de las acusaciones que se vierten en el auto contra los acusados, se fundamentan en lo extraído por la policía y los servicios de inteligencia de la tristemente famosa “supercomputadora” de Raúl Reyes. Una supercomputadora de la que cualquier día sabremos que Kennedy, John Lennon, Luther King y hasta el mismísimo Manolete fueron asesinados por las FARC en cooperación con ETA y, por supuesto, con apoyo retroactivo del gobierno venezolano de Hugo Chávez.
Recordemos además que esta famosa computadora fue encontrada en el campamento, en tierras ecuatorianas, donde se encontraba Raúl Reyes el día que fue asesinado por el ejército Colombiano, lo que provocó un conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador que aún perdura. Sin embargo, para el nuevo Juez Estrella de la audiencia nacional, según se recoge en el auto, la muerte de Raúl Reyes se produjo en un “enfrentamiento” con la Fuerza Aérea Colombiana mientras se encontraba en “un campamento que el grupo terrorista colombiano tenía instalado en la frontera con Ecuador”. De lo que se puede deducir que tal campamento estaba situado en la propia Colombia, aunque en territorio fronterizo con Ecuador.
Si todos los datos aportados por el juez estrella en el auto son igual de fiables que este, igual los acusados no han pisado en su vida ni Venezuela, ni Colombia, ni son miembros de la FARC, ni de ETA, ni nada de nada. Vaya usted a saber. De la Audiencia Nacional y la veracidad de sus autos de espera uno cualquier cosa. Y más que mientan.
Al fin y al cabo, a los pervertidores del lenguaje, y a las mentes putrefactas que los siguen como borreguitos, les encanta la mentira, la manipulación y todo aquello cuanto sea necesario para seguir con el acoso y derribo a Hugo Chávez.
Se puede leer el auto del Juez Velasco descargando el documento adjunto que acompaña este artículo.
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