"Reto a los dueños de esa emisoras a que presenten un documento donde Conatel les haya autorizado a emitir por radio", dijo a la prensa el director de ese organismo, Diosdado Cabello, quien también es ministro de Obras Públicas y Vivienda.
"No estamos revocando concesiones, estamos aplicando la ley. Es una acción de justicia frente a personas que durante décadas han utilizado ilegalmente esos medios. Nadie ha presentado un argumento legal en contra de la medida, todos se han ido por las ramas hablando de la libertad de expresión", dijo Cabello.
"Tan apegado está esto a la ley que todos los afectados han apagado los equipos cuando les hemos notificado que debían hacerlo, porque saben que la medida está ajustada a derecho", añadió el titular de Conatel.
Cabello se refirió también al hecho de que algunas de las emisoras afectadas han seguido transmitiendo su programación a través de Internet, y dijo que podían hacerlo porque no están utilizando la frecuencia estatal.
La declaración de Cabello se produjo frente a la sede de Conatel ante unos cientos de simpatizantes del Gobierno que acudieron a respaldar la decisión oficial.
Ayer, varias decenas de opositores acudieron ante la misma sede para protestar por la rescisión de las concesiones.
Cabello se refirió a algunos llamados que hicieron representantes de la oposición pidiendo a la gente que saliese a tomar las calles para protestar contra la medida de Conatel.
"Algunos llamaron a todos a la calle, a trancar (cerrar) las vías, a formar guarimbas (disturbios). A esos les avisamos, tengan cuidado con lo que hacen. Si quieren protestar háganlo conforme a la ley", dijo Cabello.
Las 34 emisoras que salieron del aire formaban parte de un grupo de 240 que ignoró una citación de Conatel para actualizar sus datos y revisar el estado de su concesión, y quedaron, según el organismo, fuera de la legalidad.
Conatel explicó que esas emisoras estaban en situación ilegal por el fallecimiento del titular (las concesiones son personales e intransferibles), el vencimiento de la concesión o la improcedencia del cambio de titular.
Cabello, al igual que otros portavoces oficiales, incluido el presidente Hugo Chávez, han enmarcado la política de revisión del sector de la comunicación en la necesidad de combatir el "latifundismo mediático" y promover su "democratización".
Sin embargo, la oposición ha rechazado ese enfoque y afirma que se trata de una política destinada a "acallar las voces disidentes y las críticas a Chávez".
Los principales partidos políticos opositores, así como los organismos empresariales y la jerarquía de la Iglesia católica, se han manifestado contra las acciones de Conatel, calificándolas de "despóticas, arbitrarias, anticonstitucionales y autoritarias", entre otros términos.
Igualmente, algunos de los dueños de las emisoras afectadas indicaron que acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para que revoque la medida.
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