Cerca de 100 contenedores con más de 1.000 toneladas de basura enviados de Reino Unido al Puerto de Santos, en el litoral de São Paulo, están creando un problema diplomático entre Brasilia y Londres. En los contenedores llegados desde noviembre de Inglaterra había de todo: pañales sucios, condones, botellas, frascos de champú usados, tapas de inodoro, jeringas, guantes sanitarios y hasta restos de comida.
"No queremos importar basura y tampoco vamos a mandar nuestra basura a nadie. Sólo tenemos una salida: devolver esos contenedores", dijo ayer Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. "Ellos [los miembros de la UE] son tan limpios y quieren descontaminar tanto que nos envían una montaña de basura y dicen que es para reciclar. ¿Quién va a reciclar preservativos?", ironizó.
En el conflicto ha intervenido también el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño. Su titular, Celso Amorim, del Partido de los Trabajadores (PT), al que también pertenece Lula, anunció el miércoles que ha dado instrucciones a la delegación permanente de Brasil en Ginebra para que presente una denuncia por tráfico de residuos peligrosos procedentes de Reino Unido.
Las autoridades brasileñas han recordado que tanto Brasil como Reino Unido son miembros de la Convención de Basilea de 1989, que regula el transporte internacional de residuos tóxicos. Según dicho tratado, cualquiera de los países firmantes tiene el derecho soberano de impedir la llegada de basura a su territorio.
Por su parte, agentes de la división de crímenes medioambientales, en colaboración con la policía británica, detuvieron ayer en Swindon (Inglaterra) a tres ciudadanos supuestamente involucrados en la exportación de basura sanitaria a Brasil. Según Liz Parks, directora de gestión de residuos de la agencia medioambiental británica, las detenciones "demuestran un progreso importante en nuestra investigación sobre las supuestas exportaciones de basura". Parks afirmó que los presuntos culpables pueden recibir una pena de hasta tres años de cárcel.
Amorim ha señalado que, según el artículo 9 de la Convención de Basilea, la responsabilidad de devolver los residuos ilegales es del exportador, en este caso de Reino Unido. El ministro brasileño conversó con el canciller británico, David Miliband, que ha asegurado que dará al asunto "la importancia merecida".
Además de las multas correspondientes a las empresas responsables de la importación de la basura británica, el Gobierno de Lula estudia posibles medidas adicionales. La compañía Alfatech, destinataria de 48 de los 100 contenedores del puerto de Río Grande, dirigida por Bento Gonçalves, ha concluido su actividad en Brasil despidiendo a 22 de sus 25 operarios; alega que fue engañada debido a que importó polímeros de etileno que iban a ser vendidos a industrias brasileñas y terminó recibiendo la basura.
Sin embargo, la Policía Militar está indagando si se ha tratado de un engaño o de una operación ilegal de tráfico de productos tóxicos. Según Julio César da Costa, director de Multiplas, empresa responsable del envío de basura a Brasil, las importadoras brasileñas "sabían muy bien lo que estaban recibiendo".
La gravedad del hecho replantea, como ha puesto de relieve Marcelo Furtado, representante de Greenpeace en Brasil, que existe un triángulo de connivencia entre exportadores, transportadores e importadores de residuos tóxicos a los países africanos, latinoamericanos y asiáticos.
Furtado ha pedido a las autoridades brasileñas que devuelvan rápida y visiblemente esa basura a Reino Unido, ya que, si todo queda en agua de borrajas, podría instalarse la duda de que Brasil "consiente en ser un destino fácil para la basura de los ricos".
Mientras tanto, la Policía Federal va a investigar si se ha tratado de un caso aislado o si el hecho, descubierto por casualidad en la aduana, es sólo la punta del iceberg de un tráfico mucho mayor de residuos tóxicos, lo que ofrecería una imagen muy negativa de Brasil, un país que pretende situarse entre las grandes potencias mundiales.
"No queremos importar basura y tampoco vamos a mandar nuestra basura a nadie. Sólo tenemos una salida: devolver esos contenedores", dijo ayer Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. "Ellos [los miembros de la UE] son tan limpios y quieren descontaminar tanto que nos envían una montaña de basura y dicen que es para reciclar. ¿Quién va a reciclar preservativos?", ironizó.
En el conflicto ha intervenido también el Ministerio de Asuntos Exteriores brasileño. Su titular, Celso Amorim, del Partido de los Trabajadores (PT), al que también pertenece Lula, anunció el miércoles que ha dado instrucciones a la delegación permanente de Brasil en Ginebra para que presente una denuncia por tráfico de residuos peligrosos procedentes de Reino Unido.
Las autoridades brasileñas han recordado que tanto Brasil como Reino Unido son miembros de la Convención de Basilea de 1989, que regula el transporte internacional de residuos tóxicos. Según dicho tratado, cualquiera de los países firmantes tiene el derecho soberano de impedir la llegada de basura a su territorio.
Por su parte, agentes de la división de crímenes medioambientales, en colaboración con la policía británica, detuvieron ayer en Swindon (Inglaterra) a tres ciudadanos supuestamente involucrados en la exportación de basura sanitaria a Brasil. Según Liz Parks, directora de gestión de residuos de la agencia medioambiental británica, las detenciones "demuestran un progreso importante en nuestra investigación sobre las supuestas exportaciones de basura". Parks afirmó que los presuntos culpables pueden recibir una pena de hasta tres años de cárcel.
Amorim ha señalado que, según el artículo 9 de la Convención de Basilea, la responsabilidad de devolver los residuos ilegales es del exportador, en este caso de Reino Unido. El ministro brasileño conversó con el canciller británico, David Miliband, que ha asegurado que dará al asunto "la importancia merecida".
Además de las multas correspondientes a las empresas responsables de la importación de la basura británica, el Gobierno de Lula estudia posibles medidas adicionales. La compañía Alfatech, destinataria de 48 de los 100 contenedores del puerto de Río Grande, dirigida por Bento Gonçalves, ha concluido su actividad en Brasil despidiendo a 22 de sus 25 operarios; alega que fue engañada debido a que importó polímeros de etileno que iban a ser vendidos a industrias brasileñas y terminó recibiendo la basura.
Sin embargo, la Policía Militar está indagando si se ha tratado de un engaño o de una operación ilegal de tráfico de productos tóxicos. Según Julio César da Costa, director de Multiplas, empresa responsable del envío de basura a Brasil, las importadoras brasileñas "sabían muy bien lo que estaban recibiendo".
La gravedad del hecho replantea, como ha puesto de relieve Marcelo Furtado, representante de Greenpeace en Brasil, que existe un triángulo de connivencia entre exportadores, transportadores e importadores de residuos tóxicos a los países africanos, latinoamericanos y asiáticos.
Furtado ha pedido a las autoridades brasileñas que devuelvan rápida y visiblemente esa basura a Reino Unido, ya que, si todo queda en agua de borrajas, podría instalarse la duda de que Brasil "consiente en ser un destino fácil para la basura de los ricos".
Mientras tanto, la Policía Federal va a investigar si se ha tratado de un caso aislado o si el hecho, descubierto por casualidad en la aduana, es sólo la punta del iceberg de un tráfico mucho mayor de residuos tóxicos, lo que ofrecería una imagen muy negativa de Brasil, un país que pretende situarse entre las grandes potencias mundiales.
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