Desde que se ejecutó el golpe de Estado, el gobierno de facto ha cerrado canales de televisión, emisoras de radio, ha perseguido periodistas y bloqueado las conexiones por internet. Sólo teleSUR ha transmitido como cadena internacional minuto a minuto los hechos que rodean este golpe de Estado, ahora amenazan con detener al equipo de teleSUR.
Adriana Sívori fue detenida por militares golpistas y le han decomisado el teléfono celular, se desconoce su paradero. (Foto: teleSUR)
Militares golpistas en Honduras detuvieron el equipo de teleSUR desplegado para la cobertura del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, amenazan con incautar todo el material de trabajo si se continúa con la transmisión de los hechos que ocurren en el país.
La enviada especial de teleSUR, Adriana Sívori, denunció que el equipo de esta televisora junto con los periodistas de la agencia internacional AP están siendo detenidos por militares armados "y esto quiero denunciarlo al mundo".
A la enviada especial de teleSUR, los militares intentaron quitarle su teléfono celular, para impedir que se comunicara con la sede principal de esta planta televisiva ubicada en Caracas, Venezuela, y poder así informar las acciones represivas contra periodistas y la población en general.
"En vez de defendernos nos están haciendo esto. Nos llevan presos a punta de armas, no nos dan explicaciones. No sabemos a dónde vamos, nos llevan a un lugar desconocido", alerta vía telefónica la corresponsal de teleSUR.
Los miembros del Estado Mayor del gobierno de facto también amedrentaron vía telefónica a la enviada de teleSUR Madelein García, adviertiéndole que de no cortar las transmisiones serían detenidos.
teleSUR es el único canal internacional que ha transmitido en vivo, y minuto a minuto las incidencias del golpe de Estado contra el gobierno legítimo de Zelaya. Los medios de comunicación locales privados se han plegado a las acciones subversivas y están transmitiendo programación regular.
Los pocos medios independientes que estaban reportando, fueron clausurados.
En la madrugada del domingo, un comando militar ingresó en la casa presidencial, secuestró al presidente elegido por votación popular y lo sacó del país para llevarlo a Costa Rica.
El Ejército hondureño revivió así los tiempos más oscuros de la guerra fría, cuando cumplía fielmente con el papel de sesgar cualquier iniciativa o movimiento social que pudiera pretender un mínimo avance de los sectores más empobrecidos del país.
Zelaya había decretado un importante incremento al salario mínimo y estrechado relaciones con los sectores populares. En política internacional se sumó a la oleada de gobiernos progresistas que renegaban de las políticas neoliberales que dominaron los años noventa, se integró en la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), y restauró las relaciones diplomáticas con Cuba.
Para este domingo cometió el delito imperdonable de "preguntar al pueblo". Convocadas elecciones legislativas y municipales ideó la propuesta de instalar una urna más donde los ciudadanos se pudieran pronunciar sobre una posible convocatoria de una Asamblea Constituyente para el próximo año.
La iniciativa fue apoyada por la firma de 400 mil ciudadanos hondureños, las tres centrales obreras, el Bloque Popular de Honduras y toda una serie de organizaciones sociales, pero no por los sectores empresariales que temen cambios en sus privilegios fiscales y en la política de expolio de los recursos naturales del país, como ha ocurrido en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela.
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