El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado al descubierto a cientos de miles de familias. Los grupos de afectados se organizan para dar respuestas comunes ante los abusos bancarios.
“Corría el bulo de que alquilar era tirar el dinero y de que la compra era una forma de inversión, porque la rentabilidad del dinero en el banco era muy baja. Con lo cual mucha gente fue conducida hacia la compra de la vivienda”. La escena que describe a este periódico Ernest Marco, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, resume el modelo imperante con respecto a la vivienda durante las últimas décadas: un modelo basado casi exclusivamente en la compra, y que ha descartado otras formas de tenencia.
Recientemente, la relatora de la ONU, Raquel Rolnik, emitía un informe en el que aludía a la situación de la vivienda en España: “O sobreendeudados o sin casa”, resumía el estudio. Éste también registra la previsión del Consejo General del Poder Judicial acerca del aumento de los desahucios. Según este órgano judicial, las expropiaciones aumentarán un 194% en 2009. “Se calcula que unas 180.000 familias originales de América Latina se encuentran en riesgo de morosidad debido a que no pueden pagar los elevados intereses de sus hipotecas”, concluye el informe. Sin embargo, como apunta Ernest Marco, es un error asociar la problemática de la vivienda sólo con la población migrante, porque este colectivo no es el único que se ha visto estafado por el llamado fraude hipotecario. Jimena Collados, del colectivo Ahorcados por la Hipoteca, de Madrid, considera que el problema social de las hipotecas impagables afecta a la clase media y castiga sobremanera a los jóvenes, a empleados, a autóctonos, a gente que aun manteniendo dos trabajos no pueden pagar las abusivas cuotas y a aquellas familias que ayudaron a otras avalando cuando ellas mismas estaban sobreendeudadas.
La banca gana
Un dictamen del Consejo de Consumidores y Usuarios relativo al endeudamiento de las familias denuncia que 2,7 millones de personas cerraron 2008 con deudas “con bancos, grandes compañías o financieras”. Según este Consejo, en 2008, los impagos de hipotecas crecieron un 310% con respecto a 2007. La responsabilidad sobre la situación del acceso a la vivienda en el Estado recae, hasta el momento, sólo en las personas hipotecadas. Las plataformas de afectados exigen, con manifestaciones como la que se celebrará el 25 de abril en Barcelona, que las administraciones asuman su parte de culpa y que fuercen a la banca a que reduzca el beneficio que obtiene de los desahucios.
En este sentido, consideran que un importante primer paso es conseguir que se produzca la dación en pago por el total de la deuda, tal y como sucede en países como EE UU: “Allí se conoce como el fenómeno de los sonajeros: la gente lleva las llaves al banco y liquida la deuda con la entrega de su vivienda”, explica a este periódico Ada Colau, de Afectados por la Hipoteca. “Nosotros lo defendemos no sólo porque es mejor para los afectados sino porque políticamente entendemos que tiene una base fuerte”. El sistema español, a diferencia del estadounidense, permite que el banco se beneficie de la diferencia entre la tasación inicial, realizada durante el boom, y la actual, depauperada por la drástica caída de la demanda. Así, según denuncia el Consejo de Consumidores y usuarios, “una vivienda tasada el 21 de mayo de 2007 en 280.000 euros es tasada el 30 de diciembre de 2008 en 187.347 euros.
De esta forma, con la dación en pago la entidad no entiende satisfecha la deuda inicial con la mera entrega del inmueble, por lo que el consumidor queda en una situación en la que ya no dispone de sus viviendas pero mantiene una deuda que le aboca a un riesgo real de exclusión social”.
Por otra parte, las acciones anunciadas por el Gobierno como ayudas a las familias hipotecadas que no pueden pagar la deuda, unas medidas con escasa repercusión (sólo 56 parados han conseguido acceder a la moratoria hipotecaria), no suponen una ayuda real: “Muchas familias no tienen la perspectiva de poder encontrar un mejor trabajo en los próximos dos años, con lo cual se trata sólo de un aplazamiento del problema”, expone Marco. La medida, según las plataformas, está destinada a garantizar el cobro por parte de las entidades bancarias, las grandes beneficiadas del incremento de los desahucios. Como explica Colau, éste no es su único beneficio. La banca está aceptando negociar la dación en pago en el caso de pisos “céntricos y estupendos” que ofrecen una rentabilidad inmediata: “Se puede dar la paradoja de que se quede desierta la subasta, de que el banco se quede la vivienda por la mitad, que al poco tiempo la venda por más y que continúe exigiéndole al hipotecado el resto de la deuda”.
La dación en pago por el importe de la deuda, no obstante, no es el final de las reivindicaciones. La idea principal es “que nadie se quede en la calle”, de forma que los propietarios puedan quedarse en la vivienda alquilándola: “Algunas cajas ya lo están haciendo, caso de Caixa Cataluña”, señala Jimena Collados. Para que la medida sea efectiva, el alquiler debe ser al menos un 20% menor que la cuota de la hipoteca, explican las fuentes consultadas.
Su propuesta consiste en que las viviendas hipotecadas pasen a formar parte de un parque público de alquiler social. Ésta es, según Colau, una solución beneficiosa al problema no sólo para los estafados actuales sino para toda la sociedad: "Se trata de que con dinero público se subvencionen los restos del naufragio inmobiliario, de que gane toda la sociedad. Somos el último país de la UE en parque de alquiler social". Para demostrarlo, un informe de la Fundación Alternativas, organización afín al PSOE, señala que el peso del sector público supone un 1% del total de los alquileres en España, mientras que la media europea UE es del 18%.
0 Comentarios
DEJA UN COMENTARIO