En previsión de la próxima campaña de la Renta, que comenzará en mayo, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha la medida aprobada por medio de una resolución con fecha del 26 de noviembre de 2008. Ésta consiste en una reestructuración sin precedentes del cuerpo de funcionarios dedicados al control del fraude fiscal. Hasta entonces, 1.058 de los 2.731 técnicos de Hacienda se dedicaban al control de las operaciones superiores a tres millones de euros, lo que afectaba a grandes empresas y contribuyentes con patrimonios elevados. Tras esta nueva medida, esos técnicos se dedicarán exclusivamente a pequeños contribuyentes, lo que afectará a la mayor parte de pymes, autónomos y asalariados, siempre que sus ingresos no superen los cuatro millones de euros. Según la propia resolución, los técnicos de Hacienda controlarán "las actividades de quienes el volumen anual de ope- raciones declarado no supere 4.000.000 euros, en caso de que se trate de un control de carácter general o de 5.700.000 euros, si supone una actuación específica". Desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha se muestran críticos con la medida, ya que "de esta manera se reduce notablemente el personal disponible para controlar las grandes fortunas". En ese sentido, resulta paradójico que en el pasado ejercicio fiscal la Agencia Tributaria realizara cuatro millones de actuaciones con pequeños contribuyentes, lo que suponía cumplir a un 120% los objetivos fijados previamente, mientras que tan sólo se hicieron 125.000 intervenciones en grandes capitales.
Medidas excepcionales
No obstante, bajo el paraguas de la crisis y la situación excepcional que vive la economía, el Gobierno ha tomado otras medidas fiscales polémicas. Por medio de un Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de medidas contra el fraude fiscal, y evitando darle demasiada difusión, el Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre un 'aguinaldo fiscal' para grandes accionistas de bancos, ejecutivos bancarios y sus familiares, según el cual todos ellos podrán tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a un tipo del 18%, en vez de al 43% al que debían hacerlo hasta ahora, cuando reciban rentas de capital mobiliario de sus propias entidades. De tal manera que los intereses que generen sus cuentas bancarias y depósitos, o el beneficio de préstamos o bonos, se verán afectados por la medida.
Gestha ha denunciado el real decreto ante el Tribunal Supremo, al considerar que "es ilegal y atenta gravemente contra el Estado de derecho, ya que sobrepasa lo dispuesto por la Ley del IRPF de 2006, en la medida en que un reglamento no puede modificar una ley de rango superior, que se había aprobado precisamente para evitar el abuso fraudulento de las operaciones financieras entre socios y sociedades", o lo que es lo mismo, banqueros y bancos.
Otra medida polémica del Ejecutivo fue la aprobación en enero de 2008 de una rebaja de 400 euros en las retenciones por IRPF anuales para asalariados y pensionistas. Dicho concepto, que afectaba por igual tanto a grandes capitales como a asalariados, no incluía a siete millones de trabajadores y pensionistas que al no hacer declaración de la renta no se beneficiaban de la medida, así como a aquellos cuyas retenciones eran menores a 400 euros.
Amnistía a los 'paraísos'
En diciembre, el ex ministro de Trabajo, Jesús Caldera, presentaba el primer informe de la Fundación Ideas, considerada "la fábrica de ideas del PSOE". Dicho informe proponía, entre otras medidas, acabar con los paraísos fiscales, para lo cual abogaba por introducir un proceso de regularización fiscal progresiva y coordinada en todo el mundo hasta 2015, en el que los capitales que abandonen estos paraísos no serán penalizados y tributarán a un nivel inferior, sin hacer distinción sobre la procedencia de los mismos. Tras esa suerte de 'amnistía fiscal' para grandes fortunas y empresas, los paraísos fiscales quedarían completamente prohibidos y los Estados que los mantuvieran serían excluidos de todos los organismos financieros internacionales.
Como contraste a estas medidas aparece otro dato, aportado por el Informe anual sobre protección social e inclusión social publicado por la Comisión Europea, que sitúa en el 20% el porcentaje de la población del Estado en riesgo de pobreza. Los recortes sociales también se han plasmado en la cantidad destinada a la integración de los migrantes, que se reducirá un 30% sobre el año pasado.
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