Por ello, pidieron a los diputados que presenten enmiendas a este documento para "corregir las deficiencias" y "respetar las obligaciones" adquiridas por España al adherirse a los instrumentos internacionales de protección de los refugiados.
En la comisión sobre la reforma de la ley participaron representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización de atención y acogida a inmigrantes y refugiados ACCEM, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y la asociación catalana ACSAR.
Así, la representante del ACNUR en España, Maricela Daniel, afirmó que si bien valora la modificación de la actual regulación del asilo en España, "hay varios aspectos que precisan una corrección en el proyecto", en conformidad con la Unión Europea.
A juicio de Daniel, este proyecto de ley presenta aspectos "por debajo" de los estándares internacionales, como las causas de exclusión, que "tienen que limitarse" a los límites de la Convención de Ginebra de 1951.
Derecho a solicitar protección
Asimismo, criticó que el texto limita el derecho de solicitar la protección internacional y excluye a los ciudadanos comunitarios, algo que, a su entender, "es contrario" a los reglamentos internacionales "que no admiten reserva de los estados parte".
"España tiene en esta reforma la oportunidad de mostrar el tipo de sociedad que quiere ser. El pueblo español tiene la posibilidad de mostrar la generosidad que recibieron ciudadanos españoles por circunstancias parecidas hace no mucho tiempo".
La ACCEM, apuntó que lo redactado en el texto sobre el derecho de asilo por cuestiones de género y de orientación sexual tiene que ser mejorado. Y calificó de "grave" la desaparición de la posibilidad de solicitar asilo en España por vía diplomática.
Por su parte, Médicos del Mundo propuso que se incluya a las personas que huyen debido sus países por padecer una enfermedad que produzca rechazo (como el albinismo).
Amnistía Internacional criticó que hayan sido excluidas las peticiones de asilo procedentes de "países seguros", pues existen comunidades vulnerables dentro de la UE.
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