La situación financiera en España ha entrado en otra semana de gran vulnerabilidad. La cotización de los títulos de deuda pública española ha superado el nivel considerado sensible del 6% de los bonos del Tesoro a 10 años. Su diferencial frente a los alemanes sobrepasó ayer los 440 puntos básicos, un récord desde la llegada del PP al poder. Junto a ello, las cotizaciones de las acciones españolas, en especial las de los bancos, también han seguido sufriendo en mayor medida que las de sus colegas de la eurozona.
En esos renovados riesgos sigue pesando el convencimiento de la indefensión en la que puede quedar una economía como la española ante la presión sobre los activos de renta variable y renta fija de emisores españoles. Poco importa su naturaleza sectorial o la titularidad pública o privada de los mismos. España hoy cotiza negativamente, en primer lugar, por la evidencia cada día más aplastante de ausencia de crecimiento económico y un desempleo camino del 25% de la población activa. Estrechamente vinculado a la pronunciada recesión se encuentra el deterioro en la calidad de los activos bancarios y la agravación de las dificultades de liquidez y de solvencia de las entidades. No hay sistema bancario que soporte una recesión prolongada que además se ve agudizada mediante políticas que la acentúan, sin favorecer para nada la solvencia privada y pública del conjunto de la economía.
La situación española no tiene mucho que ver con la de economías con niveles insostenibles de endeudamiento público. Las decisiones adoptadas por las autoridades desde mayo de 2010 son, en líneas generales, las que han impuesto las autoridades alemanas y comunitarias. Los recortes enunciados por el actual Gobierno, con independencia de sus efectos depresivos a corto plazo, van también en la línea de cumplimiento de los compromisos comunitarios que siempre han respetado los Gobiernos españoles desde que existe la moneda única. Sin que el Gobierno español deba inhibirse de sus responsabilidades, esta es la hora de Europa, de instituciones como el Banco Central Europeo y de políticas destinadas a evitar que una economía con menor deuda pública que el promedio de las europeas acabe sacrificada por unos mercados que acusan más las carencias institucionales de la Unión Europea y de la eurozona que la insolvencia pública española.
Fuente: EL PAÍS
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